La Corte Suprema advirtió un cierre técnico por ₡29.843,8 millones bloqueados, el OIJ dijo que se quedará sin chalecos antibalas, el fiscal general Carlo Díaz habló de "parálisis digital" en el Ministerio Público, y una asesora denunció al diputado oficialista Fernando Obaldía por acoso sexual y laboral.
Las normas de ejecución presupuestaria del proyecto 2027 condicionan el uso de ₡29.843,8 millones del Poder Judicial a requisitos sin plazo definido, advirtió la Corte Suprema.
La Corte Suprema de Justicia advirtió que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 condiciona ₡29.843,8 millones -unos US$65 millones, con cálculos que van de US$65,2 millones según La Nación a US$65,5 millones según Infobae- del presupuesto del Poder Judicial al cumplimiento de cuatro normas de ejecución presupuestaria que el Ministerio de Hacienda incluyó en el texto, sin un plazo definido para liberar esos recursos, según reportaron ambos medios este martes 8 de setiembre. Una magistrada de la Corte, citada por La Nación, calificó la condición de "un cierre técnico" para la institución, en momentos en que el presupuesto judicial total para 2027 asciende a ₡530.973,2 millones, de acuerdo con el mismo medio. La advertencia llega un día después de que esta edición informara que Hacienda ya había recortado ₡10.500 millones y anunciado el congelamiento de otros ₡30.000 millones al presupuesto judicial de 2027; la Corte cifra ahora con mayor precisión esa porción condicionada en ₡29.843,8 millones. Delfino.cr reportó que la falta de certeza sobre cuándo se liberarán esos fondos podría forzar el cierre de oficinas judiciales y afectar la capacidad de combate al crimen organizado, en momentos en que el Organismo de Investigación Judicial advierte por separado que un recorte de ₡8.654 millones a su propio presupuesto le impediría comprar chalecos antibalas y munición, como informa esta edición. No está claro si el Ministerio de Hacienda modificará las normas de ejecución antes del dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios, previsto para el 20 de octubre, ni si la Corte Plena recurrirá a una nueva acción legal, como ya hizo en agosto contra el recorte al presupuesto de 2026.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, advirtió ante la Corte Plena que el recorte identificado para su organismo en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 asciende a ₡8.654 millones y afectaría la compra y el mantenimiento de armas, municiones, chalecos antibalas, vehículos, radios de comunicación, equipo de laboratorio y herramientas tecnológicas, según reportaron Teletica y Diario Extra este martes. Soto detalló que la vida útil de 342 chalecos antibalas vence en 2027 y la de más de 1.000 adicionales en 2028, y afirmó que sin recursos para reponerlos no enviará agentes a labores operativas sin la protección correspondiente. "¿Será que vamos a tener que usar piedras contra el crimen organizado?", cuestionó Soto durante la sesión en la que el Poder Judicial en pleno discutió el impacto del proyecto de Hacienda, de acuerdo con Teletica. La advertencia del OIJ se suma a la que hizo la Corte Suprema sobre el bloqueo de ₡29.843,8 millones del presupuesto judicial general, como informa esta edición, y ocurre en momentos en que el país atraviesa una escalada de homicidios vinculada al narcotráfico que ha puesto a prueba la capacidad operativa de la Policía Judicial en los últimos años. No está claro si la Comisión de Asuntos Hacendarios modificará el monto asignado al OIJ antes de su dictamen, previsto para el 20 de octubre, ni si el Ministerio de Hacienda responderá públicamente a las cifras que expuso Soto ante la Corte Plena.
El fiscal general, Carlo Díaz, advirtió que el Ministerio Público enfrentaría una "parálisis digital" si se aplican los recortes que el Ministerio de Hacienda proyecta para el presupuesto 2027, entre ellos una reducción de ₡558 millones para la Fiscalía, según reportaron Acontecer CR y Teletica. Díaz explicó que si el área de tecnología no tiene dinero para pagar licencias de Microsoft, eso ya representa una parálisis del Poder Judicial, y advirtió que las oficinas del Ministerio Público en Jacó y Quepos podrían cerrar por falta de fondos para pagar el alquiler, lo que obligaría a los vecinos de esas zonas a desplazarse a otros cantones incluso para denunciar violencia doméstica. El fiscal general disputa la lectura que el Gobierno ha dado al recorte como un simple ajuste de disciplina fiscal. Sobre esta misma disputa presupuestaria, Díaz ha dicho que el objetivo final del recorte es "tomar en definitiva el Poder Judicial, que es lo único que les hace falta a este proyecto político", según consignó La Nación -una lectura que magistrados de la Corte Suprema comparten al calificar los recortes de Hacienda como parte de un "plan de cierre" del Poder Judicial, de acuerdo con CRHoy. El Ministerio de Hacienda no ha respondido públicamente a esa caracterización al cierre de esta edición. No está claro si el Poder Ejecutivo revisará el monto asignado al Ministerio Público antes del dictamen legislativo del 20 de octubre, ni si las oficinas de Jacó y Quepos cerrarán efectivamente en caso de mantenerse el recorte.
Tomar en definitiva el Poder Judicial, que es lo único que les hace falta a este proyecto político.
Una asesora del despacho del diputado Fernando Obaldía Álvarez, del oficialista Pueblo Soberano, presentó el lunes 7 de setiembre una denuncia penal ante el Ministerio Público por el presunto delito de acoso predatorio, y una queja administrativa separada por acoso laboral ante la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa, según reportaron Infobae, La Nación y CRHoy. La funcionaria, cuya identidad se mantiene bajo reserva, alegó que Obaldía le hizo comentarios sobre su ropa interior y su vida sexual que le resultaron "profundamente incómodo e invasivo", y que el diputado pidió videos de las cámaras de seguridad del Congreso para rastrear sus recorridos dentro del edificio, de acuerdo con La Nación. Otro funcionario del mismo despacho se sumó a la queja por acoso laboral. Obaldía, de 66 años y electo por la provincia de Alajuela, es diputado de la fracción con mayor peso en el actual período legislativo. Pueblo Soberano emitió un comunicado en el que aseguró que "no vamos a minimizar" la denuncia y que "seremos firmes frente a cualquier conducta que, una vez comprobada mediante los procedimientos correspondientes, vulnere el respeto, la dignidad o la integridad de las personas", según difundió El Mundo CR, aunque el partido dijo que no se referirá a detalles del caso mientras el proceso esté en curso. El propio Obaldía no ha hecho declaraciones porque, según su fracción, el asunto está judicializado. La funcionaria que presentó la denuncia pidió además reubicación dentro de la Asamblea y protección contra represalias, según La Nación. No está claro cuándo el Ministerio Público avanzará con la indagatoria ni si la Asamblea Legislativa abrirá un procedimiento propio de acoso laboral en paralelo al proceso penal.
La Corte Suprema advirtió un cierre técnico judicial, el OIJ dijo que se quedaría sin chalecos antibalas, el fiscal Díaz habló de parálisis digital y una asesora denunció al diputado Fernando Obaldía por acoso sexual.
Costa Rica cerró este martes 8 de setiembre con la Corte Suprema de Justicia advirtiendo que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 condiciona ₡29.843,8 millones del presupuesto judicial a normas de ejecución sin plazo definido -lo que una magistrada calificó de "cierre técnico"-, según informó esta edición. El director del OIJ, Michael Soto, advirtió por separado que un recorte de ₡8.654 millones le impediría comprar chalecos antibalas, munición y vehículos, mientras el fiscal general Carlo Díaz alertó sobre una eventual "parálisis digital" del Ministerio Público y vinculó los recortes con un intento de "tomar" al Poder Judicial. En paralelo, una asesora del despacho del diputado oficialista Fernando Obaldía lo denunció ante el Ministerio Público por presunto acoso sexual y presentó una queja administrativa por acoso laboral ante la Asamblea Legislativa; Pueblo Soberano dijo que "no vamos a minimizar" la denuncia. Ninguno de los frentes -el dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre el Presupuesto 2027, la respuesta de Hacienda a las advertencias del Poder Judicial, o el trámite de la denuncia contra Obaldía- tiene resolución definida al cierre de esta edición. La atención de los próximos días se concentrará en el dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre el Presupuesto 2027, previsto para el 20 de octubre, y en la votación legislativa de este miércoles 9 de setiembre sobre la reelección de la magistrada Julia Varela.