Pilar Cisneros comparece ante la Fiscalía y su indagatoria pasa a octubre, el Presupuesto 2027 crea 533 plazas nuevas concentradas en el Ministerio de Justicia y el TSE, el mismo proyecto recorta 229 plazas del Poder Judicial pese a un faltante interno de 2.000 funcionarios, y el fiscal general Carlo Díaz responde a la queja del ministro Gabriel Aguilar calificándola de personal.
La exdiputada acudió este viernes a una diligencia de identificación en el Ministerio Público, que solo le pidió datos personales y trasladó a octubre la declaración indagatoria por el financiamiento de la campaña de 2022.
La exdiputada Pilar Cisneros Gallo se presentó este viernes 4 de setiembre, poco antes de las 8 a.m., a la cita fijada por la Fiscalía General tras la alerta migratoria de esta semana, y permaneció cerca de una hora en el Ministerio Público, según reportaron El Observador CR y Diario Extra. Al salir, Cisneros dijo que "solo me pidieron los datos personales" y que la diligencia no incluyó todavía la declaración indagatoria por la presunta estructura paralela de financiamiento de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia en 2022; al llegar había declarado que "quien nada debe, nada teme", de acuerdo con Diario Extra. Según su defensa, citada por Acontecer y El Guardian CR, el expediente es demasiado amplio para resolverlo en una sola sesión y la Fiscalía fijará una nueva fecha, probablemente en octubre, para recibir la indagatoria completa. La comparecencia cierra, por ahora, el episodio que arrancó el miércoles con siete intentos fallidos de notificación y la posterior alerta migratoria, como ha informado esta edición, y que llevó al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, a acusar a la Fiscalía de actuar de forma abusiva. Que el trámite del viernes se limitara a tomar datos personales -sin avanzar a la indagatoria de fondo- coincide con la explicación que el propio Ministerio Público había dado antes de la comparecencia: la alerta no equivalía a una orden de captura ni buscaba otra cosa que lograr la notificación. No está claro qué día exacto de octubre fijará la Fiscalía para la indagatoria de fondo, ni si Cisneros aportará entonces documentación adicional sobre el financiamiento de la campaña de 2022.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que el Gobierno presentó el martes 1 de setiembre ante la Asamblea Legislativa incluye la creación de 533 plazas nuevas repartidas en 13 instituciones públicas, según reportaron Infobae y Diario Extra. Más de la mitad se concentra en dos instituciones: 271 plazas para el Ministerio de Justicia y Paz, destinadas a poner en operación el nuevo Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) que el Gobierno prevé inaugurar a finales de setiembre en San Rafael de Alajuela, y 76 plazas para el Tribunal Supremo de Elecciones. El mismo proyecto elimina 276 plazas fijas en otras dependencias, la mayor parte de ellas -229- en el Poder Judicial y 30 en la propia Asamblea Legislativa, de acuerdo con Infobae. Las 76 plazas nuevas para el TSE matizan el reclamo que el propio Tribunal hizo esta semana: su presidente interino, Max Esquivel, había pedido frenar un recorte de ¢18.834 millones -24,3%- en el presupuesto de la institución para 2027, como informó esta edición el viernes. El mismo proyecto que recorta ese monto global le asigna, a la vez, personal nuevo, lo que sugiere que el ajuste golpea partidas operativas y de inversión más que la planilla del Tribunal. No está claro si la Comisión de Asuntos Hacendarios modificará la distribución de las 533 plazas antes del dictamen previsto para el 20 de octubre, ni si el Ministerio de Justicia tendrá el personal a tiempo para la apertura del CACCO.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 elimina 229 plazas fijas del Poder Judicial, la mayor reducción de personal de todo el presupuesto, según el desglose que reportó Infobae. La cifra choca con el diagnóstico interno de la propia institución: el Poder Judicial estima que necesita cerca de 2.000 funcionarios adicionales para responder al aumento de causas, la mayor complejidad de los expedientes y el crecimiento de la violencia, según un informe citado por El Observador CR. De esas 2.000 plazas, 1.399 reforzarían despachos judiciales, 155 serían para jueces y juezas, 121 para custodios del Organismo de Investigación Judicial y 34 para la jurisdicción penal juvenil; el presupuesto de 2027 no incorpora ninguna de ellas. El contraste queda más marcado al compararlo con el resto del mismo proyecto de presupuesto, que reporta esta edición por separado: el Ministerio de Justicia recibe 271 plazas nuevas para operar la megacárcel CACCO -que alojará, entre otros, a reos vinculados al crimen organizado que el propio Poder Judicial procesa- y el TSE suma 76 plazas más, mientras la institución encargada de resolver esas causas pierde personal. La disputa se inserta, además, en el pulso más amplio entre Hacienda y la Corte por los recortes al presupuesto judicial de 2026 y 2027 que esta edición ha cubierto en días anteriores. No está claro si la Comisión de Asuntos Hacendarios revisará la eliminación de las 229 plazas antes del dictamen del 20 de octubre, ni si la Corte Plena presentará un reclamo formal por el faltante de personal que la propia institución documenta.
En respuesta a la queja que el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, presentó el jueves 3 de setiembre ante la Corte Suprema por la alerta migratoria contra Pilar Cisneros -como ha informado esta edición-, el fiscal general Carlo Díaz señaló que el reclamo del ministro tiene un componente personal, según reportaron Semanario Universidad y Acontecer. Díaz recordó que, al presentar una denuncia penal en su contra el 17 de junio pasado por presunto incumplimiento de deberes frente al ingreso de dispositivos electrónicos a las cárceles, Aguilar le dijo: "esto sí es personal, yo recuerdo lo que usted le hizo a mi familia", en referencia a su hermano Esteban Aguilar Vargas, extitular de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público que renunció acusando a Díaz de acoso laboral. Díaz negó haber perseguido a Esteban Aguilar y dijo lamentar que el ministro sugiera que sus denuncias contra la Fiscalía responden a un motivo personal antes que institucional. La revelación complica la narrativa que ha dominado la semana -la de una Fiscalía que actúa por motivación política contra el Gobierno-, al introducir la versión de un fiscal general que atribuye el origen del enfrentamiento a un conflicto familiar previo entre ambos funcionarios, y no únicamente a la alerta migratoria contra Cisneros. No está claro si Aguilar responderá públicamente a la versión de Díaz sobre la frase que le atribuye, ni si la Corte Plena tomará en cuenta este antecedente al valorar la queja del ministro contra la fiscala adjunta Edith Morera y el propio Díaz.
Esto sí es personal, yo recuerdo lo que usted le hizo a mi familia.
Cisneros compareció ante la Fiscalía y su indagatoria pasa a octubre, el Presupuesto 2027 crea 533 plazas concentradas en Justicia y el TSE, recorta 229 del Poder Judicial pese a un faltante de 2.000, y Díaz calificó de personal la queja de Aguilar.
Costa Rica cerró esta semana con la exdiputada Pilar Cisneros presentándose el viernes ante la Fiscalía General, que solo le tomó datos personales y trasladó a octubre la declaración indagatoria por el financiamiento de la campaña de 2022, según informó esta edición. El Presupuesto Nacional 2027 que el Gobierno tramita en la Asamblea Legislativa crea 533 plazas nuevas en 13 instituciones -271 para el Ministerio de Justicia, de cara a la apertura del CACCO, y 76 para el TSE-, mientras elimina 229 plazas del Poder Judicial, institución que calcula necesitar cerca de 2.000 funcionarios adicionales que el mismo proyecto no financia. En paralelo, el fiscal general Carlo Díaz respondió a la queja que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, presentó ante la Corte por la alerta migratoria contra Cisneros, al calificarla de personal y recordar una frase que le atribuye de una denuncia penal de junio pasado. Los cuatro frentes -la Fiscalía, Hacienda, el Poder Judicial y el TSE- comparten un mismo trasfondo: la disputa por el reparto de personal y recursos del Presupuesto 2027, que la Comisión de Asuntos Hacendarios debe dictaminar a más tardar el 20 de octubre. Ninguno de los frentes -la fecha exacta de la indagatoria a Cisneros en octubre, la eventual investigación de la Corte contra la Fiscalía, la revisión de las 229 plazas judiciales o la respuesta de Aguilar a la versión de Díaz- tiene resolución definida al cierre de esta edición.