Migración cuestiona la alerta migratoria contra Pilar Cisneros que la Fiscalía ya había revocado, doce diputados oficialistas piden mayoría calificada para reelegir a los magistrados de la Corte y el TSE, Rodrigo Chaves cuestiona el silencio de la Corte Plena sobre el fiscal Carlo Díaz, y un frente opositor se consolida frente al Gobierno de Laura Fernández.
La Dirección General de Migración y Extranjería cuestionó esta semana el manejo que la Fiscalía General dio a la alerta migratoria que emitió el 2 de setiembre contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo, y anunció que pedirá explicaciones formales al Ministerio Público, según reportó El Mundo CR. La medida, dictada dentro de la causa por la presunta estructura paralela de financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves en 2022, quedó sin efecto luego de que la Fiscalía logró notificar a Cisneros el jueves 3 de setiembre: el propio Ministerio Público comunicó entonces a Migración que debía rescindir la alerta una vez cumplido su único propósito, la notificación, de acuerdo con el mismo medio. El cuestionamiento de Migración introduce una tercera institución en el pulso que domina la semana entre el Gobierno y la Fiscalía. Hasta ahora la disputa había enfrentado al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, que calificó la alerta de "abusiva y desproporcionada" ante la Corte Suprema, con el fiscal general Carlo Díaz, que defendió la medida como el único mecanismo que le quedó al Ministerio Público tras siete intentos fallidos de notificación, como ha informado esta edición. Que la propia Migración revise ahora el procedimiento amplía el frente de instituciones que examinan la actuación de la Fiscalía, en momentos en que esta también enfrenta el recorte de 229 plazas que le impone el Presupuesto 2027. No está claro qué explicaciones pedirá formalmente Migración a la Fiscalía ni en qué plazo el Ministerio Público debe responder; tampoco hay fecha definida para la indagatoria de fondo a Cisneros, que la Fiscalía trasladó a octubre. La información sobre el cuestionamiento de Migración proviene únicamente de El Mundo CR, sin confirmación independiente al cierre de esta edición.
Doce diputados del oficialista Pueblo Soberano, liderados por Wilson Jiménez Cordero, presentaron el jueves 3 de setiembre un proyecto de reforma constitucional -expediente 25.770- para exigir el voto afirmativo de al menos dos tercios de la Asamblea Legislativa, unos 38 votos, para reelegir a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, según reportó Delfino.cr. La propuesta invierte la regla del artículo 158 de la Constitución Política, que hoy da por reelegidos a los magistrados por períodos de ocho años salvo que dos tercios del plenario voten en contra. El mismo Jiménez presentó por separado otro proyecto -expediente 25.771- que aplica la misma lógica a las magistraturas del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy nombradas por seis años y reelegidas automáticamente salvo veto de dos tercios de la Corte Suprema, de acuerdo con Delfino.cr y Teletica. La iniciativa es la segunda que el oficialismo impulsa en el actual período legislativo sobre la reelección de magistrados -antes había propuesto limitar los nombramientos a un único período de 15 años- y llega mientras el Gobierno y la Fiscalía chocan por el caso de financiamiento de Pilar Cisneros y el Poder Judicial pierde 229 plazas en el Presupuesto 2027, como ha informado esta edición. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) advirtió, en un comunicado, que la reforma constitucional atenta contra la independencia judicial, una lectura que contrasta con la de Jiménez, para quien el modelo actual de reelección automática carece de controles. La oposición tiene además su propia propuesta en danza: el expediente 25.718, de la diputada Abril Gordienko del PUSC y respaldado por otros nueve legisladores, plantea limitar a un máximo de tres períodos de ocho años el tiempo que un magistrado puede ejercer, sin invertir la regla de la mayoría calificada. La Asamblea Legislativa tiene previsto decidir el miércoles 9 de setiembre si reelige a la magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela, en la primera prueba práctica del modelo vigente antes de que cualquiera de los dos proyectos pueda cambiarlo; no está claro si los expedientes 25.770 y 25.771 alcanzarán los votos necesarios para una reforma constitucional, que requiere mayoría calificada en dos legislaturas.
El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, cuestionó públicamente que la Corte Suprema de Justicia no se haya pronunciado sobre los señalamientos que el propio Gobierno ha presentado contra el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, según reportó El Observador CR. La crítica de Chaves se suma a la del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien calificó a Díaz como "el peor fiscal general de la historia", de acuerdo con El Guardián CR -una escalada verbal que profundiza la queja formal que Aguilar presentó el jueves 3 de setiembre ante la Corte por la alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros, como ha informado esta edición. El señalamiento de Chaves llega apenas días después de que el propio Díaz respondiera a la queja de Aguilar calificándola de personal, al recordar una frase que le atribuye de una denuncia penal de junio pasado -"esto sí es personal, yo recuerdo lo que usted le hizo a mi familia"-, como reportó esta edición el viernes. La disputa entre el Ejecutivo y el Ministerio Público ocurre en paralelo al recorte de 229 plazas que el Presupuesto 2027 aplica al Poder Judicial y a los dos proyectos legislativos que el oficialismo presentó esta semana para cambiar la forma en que se reeligen los magistrados, lo que tensiona la relación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial en varios frentes a la vez. No está claro si la Corte Plena responderá públicamente al señalamiento de Chaves ni si abrirá el procedimiento disciplinario contra Díaz o la fiscala adjunta Edith Morera que pidió Aguilar; el fiscal general tampoco ha respondido a los calificativos del ministro de Justicia al cierre de esta edición.
El peor fiscal general de la historia.
A menos de cuatro meses de que Laura Fernández asumiera la Presidencia el 8 de mayo, un frente crítico que reúne al Partido Liberación Nacional, al Frente Amplio, sindicatos, universidades públicas, movimientos estudiantiles, expresidentes, autoridades judiciales y sectores de prensa cuestiona de forma creciente las decisiones, los discursos y las políticas del Poder Ejecutivo, según un análisis de El Mundo CR. El bloque no es ideológicamente homogéneo -el PLN tiene 17 diputados y el Frente Amplio 7, frente a los 31 de la oficialista Pueblo Soberano-, pero coincide cada vez más en su confrontación con el Gobierno. El denominador común de ese frente es Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda: la disputa presupuestaria con el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, el choque entre el Ejecutivo y la Fiscalía General por el caso de financiamiento de Pilar Cisneros, y los dos proyectos legislativos que el oficialismo presentó esta semana para cambiar la reelección de magistrados -todos reportados por esta edición en los últimos días- alimentan ese frente crítico de forma simultánea, aunque cada sector lo haga por razones distintas: el sector judicial por la independencia de poderes, las universidades por el financiamiento público y los partidos de oposición por el control legislativo. No está claro si ese frente crítico logrará traducirse en una alianza legislativa formal frente a los 31 votos de Pueblo Soberano, ni cómo responderá el Gobierno a su consolidación, que según el propio análisis todavía no es un bloque cohesionado. La información de este análisis proviene únicamente de El Mundo CR, sin confirmación independiente al cierre de esta edición.
— Un frente crítico que reúne al PLN, el Frente Amplio, sindicatos, universidades públicas, expresidentes y autoridades judiciales se consolida frente al Gobierno de Laura Fernández y Rodrigo Chaves.
Migración cuestionó la alerta contra Cisneros, que la Fiscalía había revocado; el oficialismo presentó dos proyectos para cambiar la reelección de magistrados y Chaves cuestionó el silencio de la Corte Plena sobre el fiscal Díaz.
Costa Rica cerró este domingo 6 de setiembre con la Dirección General de Migración cuestionando el manejo de la alerta migratoria que la Fiscalía había girado -y ya revocado- contra la exdiputada Pilar Cisneros por el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves en 2022, según informó esta edición. En paralelo, doce diputados del oficialista Pueblo Soberano presentaron un proyecto de reforma constitucional para exigir mayoría calificada en la reelección de los magistrados de la Corte Suprema, y el mismo diputado que lo impulsa presentó otro para aplicar la misma regla al Tribunal Supremo de Elecciones, iniciativas que el CEJIL advirtió que atentan contra la independencia judicial. El ministro Rodrigo Chaves cuestionó además el silencio de la Corte Suprema sobre los señalamientos contra el fiscal general Carlo Díaz, mientras el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, lo llamó "el peor fiscal general de la historia". Ese cúmulo de frentes -la Fiscalía, el Poder Judicial, el TSE y ahora Migración- coincide, según un análisis de El Mundo CR, con la consolidación de un frente opositor que reúne al PLN, el Frente Amplio, sindicatos, universidades públicas y autoridades judiciales frente al proyecto político de Fernández y Chaves. Ninguno de los frentes -la respuesta de la Fiscalía a Migración, el trámite legislativo de los proyectos sobre reelección de magistrados, la eventual respuesta de la Corte Plena a Chaves, o el rumbo del frente opositor- tiene resolución definida al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en el voto del miércoles 9 de setiembre sobre la reelección de la magistrada Julia Varela y en el dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre el Presupuesto 2027, previsto para el 20 de octubre.