Washington extendió el cese al fuego condicionado, Teherán respondió con una acción naval en el Estrecho de Ormuz, y Trump y Zelenskyy acordaron el 90-95% de un plan de paz para Ucrania.
Washington extendió el cese al fuego el 22 de abril condicionado a que Teherán presente una propuesta unificada de negociación; el bloqueo naval de puertos iraníes permanece, lo que Irán rechaza como condición imposible.
El presidente Trump anunció el 22 de abril la extensión del alto al fuego con Irán, que expiraba ese mismo día, hasta que Teherán presente una «propuesta unificada» y las negociaciones puedan concluirse. Sin embargo, el bloqueo naval de puertos iraníes —que Washington mantiene como herramienta de presión— permanece activo. El gobierno iraní calificó la prórroga de ilusoria: según Al Jazeera, Teherán sostiene que no puede haber negociación mientras sus puertos estén bloqueados, y que el bloqueo en sí constituye un acto de guerra que invalida el cese al fuego. El círculo de condiciones mutuamente excluyentes que dominó el 21 de abril no se rompió: Trump exige negociación antes de levantar el bloqueo; Irán exige levantar el bloqueo antes de negociar. La prórroga desplaza la crisis en el tiempo sin resolverla. El análisis de Confluence Investment Management de la semana anterior señaló que este tipo de impasse suele resolverse por uno de dos caminos: un gesto unilateral de una de las partes que rompa el ciclo, o un incidente que escale sin control. Para Costa Rica, el precio del petróleo sigue siendo el canal de transmisión más directo. El BCCR incorporó el riesgo del conflicto iraní en sus proyecciones de inflación importada del primer trimestre; una escalada sostenida podría presionar al alza los precios de los combustibles, que inciden directamente en el costo de vida y en los márgenes de transporte y logística.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica capturó dos barcos y disparó contra un carguero en el Estrecho de Ormuz el 22 de abril, desafiando el cese al fuego ampliado.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) capturó dos embarcaciones en el Estrecho de Ormuz y disparó contra un buque portacontenedores en las horas posteriores al anuncio de prórroga del alto al fuego, según Al Jazeera. La acción naval es la respuesta más contundente del aparato militar iraní desde que comenzó el conflicto, y representa un riesgo concreto para la libre circulación de petróleo por el estrecho que concentra el 20% del flujo global de crudo. La captura de embarcaciones por parte del CGRI tiene precedentes: en 2023 la CGRI capturó varios buques como herramienta de presión en disputas de sanciones, pero ningún caso anterior ocurrió en el contexto de un conflicto armado activo con EE.UU. La información proviene únicamente de Al Jazeera y reportes preliminares; al cierre de esta edición, el Comando Central de EE.UU. no había emitido confirmación independiente del incidente. El Estrecho de Ormuz es la ruta de tránsito del petróleo del que depende Costa Rica para el 100% de sus importaciones de derivados. Un cierre prolongado elevaría el precio del barril a niveles que el BCCR no tiene capacidad de absorber mediante intervención cambiaria, con impacto directo en los precios al consumidor.
El presidente Trump declaró el 21 de abril que él y el presidente ucraniano Volodímir Zelenskyy habían alcanzado un acuerdo sobre el 90-95% de los términos de un plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, según el seguimiento del Kyiv Post. Los detalles de los flecos sin cerrar no fueron publicados; el comunicado de la Casa Blanca fue escueto en términos sustantivos. El contexto del frente: el Estado Mayor de Ucrania reportó el 21 de abril 206 combates en 24 horas, con Rusia lanzando 71 ataques aéreos con 253 bombas guiadas. Las bajas rusas estimadas por Kiev se mantienen cerca de 1.050 soldados diarios, sin verificación independiente. El avance territorial ruso se desaceleró en comparación con los primeros meses de 2026, según el Belfer Center. El ángulo contrario: un acuerdo del 90-95% en cualquier negociación compleja puede fracasar en el 10-5% restante si ese fragmento toca cuestiones de soberanía territorial. Analistas del Wilson Center señalan que la fórmula de Trump de anunciar porcentajes de acuerdo sin revelar los puntos pendientes es un patrón comunicativo que genera presión pública sobre las partes sin necesariamente reflejar el estado real de las negociaciones. Para Costa Rica, el cierre de la guerra en Ucrania es relevante para los precios del trigo, materia prima de las harinas que consume el mercado nacional.
El 21 de abril, el vicepresidente de EE.UU. JD Vance encabezó una delegación de alto nivel en Islamabad en apoyo al esfuerzo mediador de Pakistán para reanudar los contactos entre Washington y Teherán antes del vencimiento del alto al fuego. Según Al Jazeera, la mediación no produjo avances: Irán se negó a entrar en cualquier esquema de conversación que no comenzara con el levantamiento del bloqueo naval. Pakistán tiene un interés geopolítico directo en la desescalada: comparte 900 kilómetros de frontera con Irán y su economía es sensible a la inestabilidad regional. El gobierno de Islamabad mantuvo durante meses un equilibrio diplomático entre su alianza con EE.UU. —proveedor de asistencia militar— y sus lazos históricos con Teherán. El fracaso de la mediación del 21 de abril pone presión sobre esa posición de equilibrio. Costa Rica no tiene interlocución directa con Irán ni con Pakistán, pero su posición institucional en la ONU —donde San José suele alinearse con resoluciones de desescalada— es coherente con el tipo de mediación que Islamabad intentó. La cancillería costarricense no ha publicado declaración específica sobre la prórroga del alto al fuego al cierre de esta edición.
— El vicepresidente estadounidense JD Vance viajó a Islamabad el 21 de abril para apoyar la mediación paquistaní, pero Teherán rechazó entablar conversaciones mientras el bloqueo permanezca.
El 17.° Diálogo Climático de Petersberg concluyó hoy, 22 de abril, su segunda jornada en Berlín con 40 países representados a nivel ministerial. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió en su intervención que los combustibles fósiles están dañando simultáneamente el planeta y la economía global, y llamó a acelerar la transición energética antes de la COP31 prevista en Turquía en noviembre de 2026, según Xinhua. El contexto geopolítico —guerra en Irán, tensiones EE.UU.-China, presión fiscal derivada del gasto en defensa en Europa— complica los compromisos climáticos: varios países argumentaron que el espacio presupuestario para inversión climática se reduce cuando los gobiernos priorizan seguridad. Según E3G, la conferencia buscó fijar expectativas realistas para la COP31 antes de que el calendario político de fin de año consuma la atención diplomática. Costa Rica, cuya trayectoria de descarbonización es una de las más citadas en foros internacionales, participa en estos diálogos a través del Ministerio de Ambiente y Energía. La posición histórica del país es de liderazgo en ambición climática, aunque el presupuesto de diplomacia climática es limitado comparado con otras economías de la región.
El gobierno de EE.UU. puso en marcha el 20 de abril un sistema de reembolso de aranceles que permite a las empresas recuperar pagos cobrados de forma incorrecta tras fallos judiciales que limitaron el alcance de los aranceles de emergencia de Trump. Según Al Jazeera, miles de importadores se formaron para acceder al sistema. La tasa arancelaria efectiva promedio de EE.UU. se ubica en 11,0%, la más alta desde 1943, y representa un incremento en el costo de bienes importados equivalente a entre $700 y $1.500 anuales por hogar estadounidense, según la Tax Foundation. El sistema de reembolso reconoce que parte de los aranceles aplicados entre 2024 y 2026 excedían la autoridad ejecutiva. Pero el mecanismo es retroactivo y administrativo, no una reducción de aranceles vigentes. Las empresas que exportan a EE.UU. —incluidas las costarricenses en los sectores de dispositivos médicos, piña y café— no ven cambio en las condiciones actuales; el reembolso solo beneficia a importadores estadounidenses que pagaron aranceles específicamente declarados ilegales por los tribunales.
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional emitió el 22 de abril su fallo sobre la apelación de la defensa de Rodrigo Duterte respecto a la jurisdicción del tribunal en el caso relacionado con la campaña de «guerra contra las drogas» que mató a miles de filipinos entre 2016 y 2019. La defensa argumentó que Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2018, lo que elimina la jurisdicción de la CPI. La fiscalía sostiene que el retiro no aplica a crímenes cometidos mientras el país era miembro. El fallo tiene implicaciones jurídicas más amplias que el caso Duterte: define si la CPI puede perseguir crímenes cometidos por gobiernos que se retiraron del Estatuto después de los hechos. Esa cuestión es relevante para varios actores internacionales que consideran o han consumado retiros del sistema de Roma. Costa Rica es miembro fundador de la CPI y uno de sus defensores más consistentes en foros multilaterales. La cancillería costarricense sigue los fallos de la Sala de Apelaciones como referencia de derecho internacional público. El impacto directo sobre Costa Rica es nulo; el impacto sistémico sobre el marco de justicia internacional que Costa Rica defiende es el que importa.
El día de hoy sintetiza la inestabilidad del sistema internacional en tres escenas simultáneas: Trump prorroga el alto al fuego con Irán mientras la CGRI captura barcos en el Estrecho de Ormuz; Washington y Kiev reportan un acuerdo casi completo en Ucrania sin revelar los detalles que hacen la diferencia; y el Diálogo de Petersberg cierra con llamados climáticos que compiten por atención con un conflicto en Oriente Medio que mantiene la prima de riesgo del petróleo elevada. El sistema de reembolso de aranceles de EE.UU. y el fallo de la CPI sobre Duterte completan una jornada donde la tensión entre el derecho internacional y el poder ejecutivo —en Washington, en Teherán, en Manila— es el tema transversal. Para Costa Rica, que construyó su política exterior sobre la adhesión a instituciones multilaterales, cada uno de estos episodios es un test del estado de las normas que el país defiende.