A 13 días de la investidura, la presidenta electa define los últimos cargos de su gabinete; los 31 diputados de Pueblo Soberano toman posesión el 1 de mayo con mayoría legislativa inédita. El BCCR mantiene la tasa en 3,25% ante presiones inflacionarias externas y Costa Rica supera por segundo año consecutivo los $5.000 millones en inversión extranjera directa.
La presidenta electa de Costa Rica cierra esta semana la definición de su gabinete; el próximo jueves, la nueva Asamblea Legislativa instalará el bloque más numeroso de un solo partido en dos décadas.
A 13 días de la toma de posesión del 8 de mayo, Laura Fernández Delgado y su equipo de transición trabajan en los últimos nombramientos de gabinete. El Tribunal Supremo de Elecciones oficializó en marzo la victoria de Fernández con 1.243.141 votos válidos —casi el 50% de los votos emitidos— y la composición de la nueva Asamblea Legislativa: 31 diputados de Pueblo Soberano, 17 del Partido Liberación Nacional, 7 del Frente Amplio, 1 de la Coalición Democrática y 1 del Partido Unidad Social Cristiana. El 1 de mayo, quince días antes de que la presidenta asuma, los diputados electos toman posesión en una sesión inaugural de la Asamblea. La mayoría de 31 diputados de PPSO permite al partido aprobar legislación ordinaria sin negociar con otras bancadas, aunque no es suficiente para reformas constitucionales que exigen dos tercios (38 votos). El arco de prioridades legislativas anunciado por Fernández incluye una reforma al sistema de pensiones del Magisterio Nacional, la actualización del marco legal de contratación pública y una ley de transparencia de datos para instituciones del Estado. El ángulo contrario: Fernández renunció al Partido Pueblo Soberano el 14 de marzo —antes de asumir— para gobernar como «presidenta de todas las costas riquenses», según su comunicado. Algunos analistas de La Nación señalan que esa distancia del partido puede crear fricciones con la bancada parlamentaria si las prioridades del Ejecutivo no coinciden con las de los diputados en asuntos concretos. Para el sector privado costarricense, la transición implica reuniones de presentación con los nuevos ministros durante la primera semana de mayo; UCCAEP y la Cámara de Comercio ya coordinaron encuentros para el 5 y 6 de mayo.
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 3,25% anual en su segunda resolución de 2026, señalando que el balance de riesgos se ha inclinado hacia presiones inflacionarias al alza. El comunicado oficial del BCCR identificó tres factores: el alza de precios de materias primas internacionales —incluyendo petróleo y granos básicos— derivada del conflicto en el Estrecho de Hormuz desde marzo; un rebote en las expectativas de inflación durante marzo que se midió en la encuesta mensual de expectativas del propio banco; y la incertidumbre sobre la duración e intensidad del conflicto en el Medio Oriente y sus efectos sobre el crecimiento global. El BCCR advirtió en el mismo comunicado sobre los riesgos de la deuda en dólares: con el tipo de cambio del colón sujeto a mayor volatilidad por el entorno externo, las familias y empresas costarricenses que se endeudaron en dólares con ingresos en colones enfrentan un riesgo cambiario real. El crecimiento de la producción nacional en enero de 2026 fue del 4,8%, pero con una brecha significativa entre el régimen especial (Zona Franca, 9,8%) y el régimen definitivo (3,3%), lo que subraya la dependencia estructural del país de la inversión extranjera. El ángulo contrario: El Financiero cuestionó en una columna de análisis de esta semana si el BCCR perdió la ventana para recortar tasas —como hicieron varios bancos centrales de la región en 2025—, dejando a la economía local con tasas más altas que sus vecinos en un momento en que el crédito al sector productivo nacional enfrece.
Costa Rica cerró 2025 con una inversión extranjera directa (IED) de $5.121,8 millones, según datos publicados por el BCCR, convirtiéndose en el segundo año consecutivo en superar el umbral de los $5.000 millones —hito que el país alcanzó por primera vez en 2024. Las cifras consolidan la posición del país como uno de los destinos más relevantes de IED en Centroamérica y el Caribe por volumen relativo a su tamaño económico. Los sectores líderes son servicios empresariales (centros de servicios compartidos y BPO de alto valor), dispositivos médicos y ciencias de la vida, y manufactura de precisión electrónica. El ángulo que los datos matizan: aunque el volumen total es récord, el crecimiento respecto a 2024 fue modesto —aproximadamente un 2,3%— lo que sugiere una desaceleración en el ritmo de entrada de capital nuevo. PROCOMER señaló que parte del crecimiento de 2025 se explicó por la reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, más que por inversiones de primeras empresas que lleguen al país. Para la administración Fernández, que asume el 8 de mayo, el reto es sostener el atractivo de Costa Rica en un contexto donde países como México, Vietnam y Polonia compiten directamente por el mismo tipo de inversión de mediana y alta tecnología.
La participación del sector agropecuario en el PIB de Costa Rica cayó al 3,6% en 2026, su mínimo histórico, según reportó El Mundo esta semana. La tendencia refleja décadas de transformación estructural de la economía costarricense, que migró de una base agrícola —café, banano, azúcar— hacia servicios de alto valor, manufactura de precisión y turismo. Sin embargo, el dato tiene una lectura dual: mientras la modernización económica es real, el sector que históricamente dio empleo e identidad a regiones fuera del Gran Área Metropolitana enfrenta una marginalización que se siente en poblaciones rurales como las del Pacífico Sur, la Zona Norte y el Caribe. El BCCR registró un crecimiento del régimen definitivo de apenas 3,3% en enero 2026, frente al 9,8% del régimen especial de Zona Franca, lo que ilustra la dualidad de la economía costarricense: un motor de exportación dinámico y moderno coexistiendo con una economía interna que crece a un ritmo tres veces menor. Para la administración Fernández, el reto de articular políticas que permitan que los beneficios de la Zona Franca se difundan hacia las regiones es uno de los compromisos del programa de gobierno de Pueblo Soberano, que en la campaña electoral priorizó la descentralización del desarrollo económico.
— El sector agrícola de Costa Rica representa hoy apenas el 3,6% del producto interno bruto, el nivel más bajo de su historia, en contraste con el 9,8% de crecimiento del régimen especial en el primer trimestre de 2026.
El 25 de abril de 2026 pinta un cuadro de Costa Rica en transición ordenada: Laura Fernández llega a la presidencia el 8 de mayo con una mayoría legislativa que no se veía desde la época del bipartidismo histórico, un banco central que decide mantener tasas frente a la inflación importada y un récord de inversión extranjera directa que muestra la confianza del capital internacional en el país. La sombra es la brecha creciente entre la economía de Zona Franca y el resto del aparato productivo nacional. La semana que comienza será de intensidad diplomática para el equipo de transición: las primeras reuniones formales con los ministros salientes del gobierno Chaves están programadas para los primeros días de mayo. Para el ciudadano costarricense, la cuenta regresiva es simple: el 1 de mayo entran los nuevos diputados, y el 8, la nueva presidenta. Lo que venga después dependerá de si el gobierno electo puede traducir su mayoría legislativa en resultados concretos antes de que termine el primer año.