En su quinta jornada de gobierno, la presidenta llama a la Fiscalía y el OIJ a Casa Presidencial mientras negocia el levantamiento del bloqueo comercial con Mulino.
La presidenta da un paso inusual al reunir directamente en Casa Presidencial a los principales operadores del sistema penal para coordinar una estrategia de seguridad.
El gobierno de Laura Fernández convocó para el lunes 18 de mayo al fiscal general Carlo Díaz y al director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, a una reunión en Casa Presidencial para presentar la agenda de reformas profundas al Poder Judicial. La cita, confirmada el miércoles 13 de mayo por el ministerio de la Presidencia, busca establecer una estrategia común contra el crimen organizado y el narcotráfico. Entre las medidas que el gobierno discutirá están la reforma a la ley de usura, cambios en el régimen de cumplimiento de penas, el endurecimiento del marco legal contra el crimen organizado y una revisión estructural del modelo estatal de seguridad. Fernández también ha mencionado la posible suspensión de garantías individuales en zonas afectadas por el crimen organizado, una medida extraordinaria que, según el artículo 121 inciso 7 de la Constitución, requiere la aprobación de al menos 38 votos en la Asamblea Legislativa. Abogados constitucionalistas como el exmagistrado Luis Paulino Mora advierten que la suspensión de garantías es una figura reservada para situaciones de guerra o conmoción interna declarada, y que su uso ordinario como política de seguridad abriría la puerta a litigios que podrían frenar la iniciativa antes de que rinda frutos. Pueblo Soberano cuenta con 31 diputaciones, por lo que necesitaría apoyo de la oposición para llegar a los 38 votos.
Tras dos años de tensión, el gobierno panameño abre una ventana de negociación, pero condiciona el proceso a acuerdos previos sobre términos equitativos.
El gobierno de José Raúl Mulino indicó el martes que está dispuesto a iniciar conversaciones con Costa Rica para resolver el bloqueo comercial que pesa sobre los productos costarricenses desde hace más de dos años, pero puso como condición el establecimiento de 'reglas claras' y condiciones equitativas para ambas partes. La presidenta Laura Fernández ya había anunciado en entrevistas durante la semana de su toma de posesión que buscaría resolver el conflicto directamente con su homólogo panameño. El bloqueo ha afectado la exportación de productos agrícolas, textiles y manufacturas costarricenses hacia el mercado panameño y hacia Sudamérica usando el corredor panameño. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), las pérdidas acumuladas en el sector bananero solo durante los últimos 24 meses superan los 130 millones de dólares, en parte por el bloqueo y en parte por la caída del tipo de cambio del dólar. Empresarios exportadores costarricenses afiliados a CRECEX celebraron la señal de apertura de Panamá, pero advierten que cualquier negociación deberá incluir plazos específicos y mecanismos de verificación independiente, porque los dos intentos de diálogo previos durante el gobierno Chaves terminaron sin acuerdo formal.
El dólar lleva tres semanas por debajo de ₡460, un nivel que los exportadores llaman 'zona de daño' para los sectores agrícola y de manufactura.
El tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) se ubicó el miércoles 13 de mayo en ₡455 por dólar, una de las cotizaciones más bajas del primer semestre. Las cámaras de exportadores han pedido al BCCR explicar si aplicará intervenciones cambiarias para moderar la apreciación del colón, que en los últimos doce meses acumuló una ganancia de más del 8% frente al dólar. El fenómeno combina una entrada sostenida de remesas, el dinamismo de las exportaciones de zonas francas —que ingresan dólares pero los convierten a colones para pagar planilla en Costa Rica— y el turismo. El BCCR ha señalado en informes previos que su política es de 'flotación administrada', lo que le da margen para intervenir sin comprometerse a un nivel específico. El sector piñero y el cafetalero son los más expuestos porque venden en dólares pero pagan costos locales en colones. La Cámara Nacional de Exportadores estima que un tipo de cambio sostenido en ₡455 reduce el margen operativo de las exportaciones agrícolas en entre un 4% y un 6%.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió esta semana un comunicado en el que expresa su oposición a la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), argumentando que algunos capítulos del tratado podrían limitar la capacidad del Estado de regular en áreas como salud, medio ambiente y derechos laborales. La posición episcopal coincide con la de sindicatos del sector agrícola que temen la apertura de mercados sin mecanismos de protección para los pequeños productores. En el lado opuesto, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas (AZOFRAS) señalan que el CPTPP abriría mercados en once economías del Pacífico —incluyendo Japón, Australia y Canadá— que hoy están parcialmente cerrados al exportador costarricense. CADEXCO estima que el acceso pleno a esos mercados podría generar al menos 400 millones de dólares anuales adicionales en exportaciones en un período de cinco años. El gobierno Fernández aún no ha definido si avanzará con el proceso de adhesión durante su mandato. El COMEX tiene en agenda presentar un estudio de impacto a la Asamblea Legislativa durante el tercer trimestre de 2026.
— La adhesión de Costa Rica al CPTPP divide a sectores organizados: lo que unos ven como oportunidad, otros lo leen como una amenaza a la soberanía económica.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cerrará el año 2026 con un déficit de 430 médicos especialistas, según las proyecciones internas publicadas esta semana. Las especialidades más afectadas son radiología, con 103 puestos vacantes; anestesiología, con 91; y medicina del trabajo, con 71. El faltante impacta directamente a los pacientes en lista de espera, que a mayo de 2026 suman cerca de 200.000 personas. La CCSS atribuye el déficit a tres factores: la migración de especialistas al sector privado por mejores condiciones salariales, la baja en los cupos de residencias médicas en la Universidad de Costa Rica en los últimos cuatro años, y la competencia de hospitales del Caribe y Centroamérica por contratar médicos costarricenses formados con fondos públicos. El plan de la junta directiva incluye ampliar las jornadas de producción —horas adicionales pagadas a especialistas actuales— para cubrir la brecha en el corto plazo. Críticos desde el Colegio de Médicos y Cirujanos advierten que pagar sobretiempos no es sostenible y que la raíz del problema está en la escala salarial de la Caja, que no ha sido actualizada al ritmo del mercado privado.
Rodrigo Chaves Robles, quien entregó la presidencia a Laura Fernández el 8 de mayo, asumió de inmediato los cargos de ministro de la Presidencia —con funciones de jefe de gabinete— y ministro de Hacienda. La combinación coloca en una sola persona el control del relacionamiento político con la Asamblea Legislativa y el manejo del presupuesto nacional, una concentración de funciones sin precedente en el Ejecutivo costarricense reciente. Exministros de Hacienda consultados por La Nación señalaron que el Ministerio de Hacienda demanda dedicación de tiempo completo dado el proceso de cierre de ejercicio fiscal, la negociación de eurobonos prevista para el segundo semestre y los compromisos con el FMI. Ministrar simultáneamente la agenda de Casa Presidencial podría generar conflictos cuando los intereses políticos de corto plazo choquen con las restricciones fiscales de largo plazo. Desde el gobierno, fuentes cercanas al propio Chaves argumentan que la doble función busca garantizar coherencia entre la política económica y la agenda legislativa, evitando los roces entre hacienda y presidencia que complicaron la segunda mitad del gobierno anterior.
La primera semana del gobierno acumula victorias legislativas pero también preguntas abiertas sobre el ritmo de ejecución y las alianzas necesarias para sostenerlas.
A cinco días de su toma de posesión, Laura Fernández cierra una semana legislativa inédita: el crédito de 800 millones de dólares para el tren eléctrico metropolitano aprobado por 56 votos, el directorio legislativo en manos de Pueblo Soberano y el Plan de 100 Días listo para presentarse ante la Asamblea el jueves 14 de mayo. Son resultados que ningún gobierno reciente había logrado acumular en tan poco tiempo. Las preguntas que quedan abiertas son igualmente grandes: cuándo comenzarán los estudios de factibilidad del tren, si Chaves puede administrar dos ministerios sin deteriorar el desempeño de alguno, y si la estrategia de seguridad pública —que combina la megacárcel al estilo Bukele con las reformas judiciales— tiene los votos para prosperar o se quedará en declaración. El BCIE y el BEI ya confirmaron el financiamiento del tren, pero los plazos de expropiación y permisos siguen sin definirse.