El segundo día del gobierno Fernández arrancó con la aprobación unánime del crédito de $800 millones para el tren metropolitano y la consolidación total del partido oficialista en el Congreso.
En su segunda sesión plenaria, la nueva Asamblea Legislativa aprobó de forma unánime el financiamiento del proyecto de movilidad más grande en décadas.
La Asamblea Legislativa aprobó el lunes 11 de mayo un crédito de 800 millones de dólares para construir un tren eléctrico de pasajeros en el área metropolitana de San José, con 56 votos a favor y cero en contra. El proyecto se financia con 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y 550 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según el texto aprobado. El tren eléctrico es uno de los proyectos bandera del nuevo gobierno de Laura Fernández, quien lo incluyó en su Plan de 100 Días. La aprobación unánime —inusual en una Asamblea históricamente fragmentada— refleja el respaldo legislativo que Fernández hereda de la mayoría de Pueblo Soberano. El recorrido estimado cubre los principales corredores del Gran Área Metropolitana, aunque el diseño de ruta final está sujeto a estudios de factibilidad que deben concluir antes de finales de 2026. El ángulo contrario llega del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyos voceros recuerdan que proyectos de infraestructura de esta envergadura en Costa Rica han enfrentado retrasos crónicos por problemas de expropiaciones y permisos ambientales. El CFIA no se opone al proyecto pero pide que el plazo de ejecución —actualmente no anunciado— sea realista y no promesa electoral.
La nueva legislatura 2026–2030 arrancó con una demostración de fuerza del partido oficialista que concentró todos los cargos de la mesa directiva.
El Partido Pueblo Soberano aprovechó sus 31 diputaciones para llevarse los seis puestos del Directorio Legislativo 2026–2027 sin conceder ninguno a la oposición, en la primera sesión plenaria de la nueva Asamblea el lunes 11 de mayo. La diputada oficialista Yara Jiménez quedó electa presidenta del Directorio, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la mesa directiva de la Asamblea en tres periodos legislativos. La oposición protestó la decisión. Varios bloques minoritarios argumentaron que la práctica histórica de repartir algunos puestos entre partidos con menos bancas garantiza representación proporcional y evita conflictos en la agenda legislativa. El bloque del Partido Liberación Nacional presentó una moción de orden que fue rechazada por mayoría simple. La concentración de poder en el Directorio es relevante porque esa mesa controla el orden del día, los plazos de debate y la convocatoria a sesiones extraordinarias. Si Pueblo Soberano mantiene la disciplina de bancada durante los próximos doce meses, el gobierno Fernández tendría una ventana legislativa sin precedentes para aprobar reformas estructurales sin negociar con la oposición.
La presidenta completó su primera jornada y media con tres decretos firmados, dos reuniones de gabinete y un anuncio de seguridad pública que polarizó la opinión.
Laura Fernández cerró sus primeras 48 horas en Casa Presidencial el martes 12 de mayo con un balance que combina velocidad legislativa —tren eléctrico aprobado, directorio consolidado— y controversia en seguridad pública. La presidenta reiteró que inaugurará una 'megacárcel' para 5.000 presos, inspirada en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, aunque no precisó ubicación, costo ni plazo. Los tres decretos firmados el día de su toma de posesión establecen la reorganización del Poder Ejecutivo, el plan de seguridad pública y el marco de gestión para el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves. Este doble rol de Chaves —que combina el relacionamiento político con el control presupuestario— no tiene precedente en la historia reciente del Ejecutivo costarricense y ya genera comentarios entre exministros que advierten sobre un posible conflicto de agendas. La primera semana completa del gobierno incluye reuniones con los cuatro superintendentes del sistema financiero y la presentación formal del Plan de 100 Días ante la Asamblea Legislativa, agendada para el jueves 14 de mayo.
El anuncio de la presidenta Laura Fernández de construir una megacárcel para 5.000 presos, basada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que Nayib Bukele operó en El Salvador desde 2023, abrió un debate jurídico en Costa Rica apenas 48 horas después de su toma de posesión. El modelo Bukele redujo drásticamente los índices de homicidios en El Salvador —de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a menos de 2 en 2025, según datos del gobierno salvadoreño— pero fue condenado por organismos internacionales de derechos humanos por condiciones de detención que la OEA calificó como 'tratos crueles e inhumanos'. El sistema penitenciario costarricense tiene actualmente una población carcelaria de aproximadamente 24.000 presos en instalaciones diseñadas para 18.000, según el Ministerio de Justicia. Un traslado masivo a una megacárcel centralizada requeriría reforma legal, estudio de impacto ambiental y aprobación de la Defensoría de los Habitantes, pasos que no estaban en el decreto firmado el 8 de mayo. Los penalistas consultados por La Nación señalan que la propuesta, tal como fue anunciada, no es ejecutable bajo la Constitución vigente sin reformar primero el Código Penal y la Ley de Ejecución de las Sanciones. La Defensoría adelantó que revisará cualquier decreto que implique condiciones de confinamiento extremas.
— El anuncio de una prisión para 5.000 reclusos genera debates entre penalistas y defensores de derechos humanos que advierten sobre riesgos constitucionales.
El tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) abrió el martes 12 de mayo en ₡455,24 por dólar en compra, el nivel más bajo desde finales de abril, según los datos del MONEX publicados esta mañana. La venta de referencia se ubicó en ₡460,51. El movimiento contrasta con la tendencia alcista de la semana anterior, cuando el dólar rozó ₡461 en las operaciones interbancarias ante el escalamiento del conflicto en el estrecho de Ormuz. El BCCR no ha modificado la Tasa de Política Monetaria (TPM) en lo que va del año, que permanece en 5,25%, pero el mercado cambiario costarricense está respondiendo a la combinación de menor demanda de dólares por importaciones de hidrocarburos —el petróleo bajó levemente desde los máximos del lunes— y mayor oferta de divisas proveniente de exportaciones de café y piña cuya cosecha está en su pico estacional. El Ministerio de Hacienda, ahora bajo la cartera conjunta de Rodrigo Chaves, no ha emitido una proyección cambiaria para el segundo semestre de 2026.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) llega al gobierno Fernández con una agenda de reformas estructurales ya en marcha: la Estrategia de Optimización del Primer Nivel de Atención 2026–2031, lanzada en marzo bajo el gobierno saliente, pone el foco en hipertensión, diabetes, obesidad y dislipidemias. La nueva administración debe decidir si continúa el plan, lo modifica o lo integra a una reforma más amplia. El otro frente urgente es la deuda actuarial de la CCSS con el Estado costarricense, que según el informe de liquidación de 2025 presentado en febrero supera los ₡1,2 billones. La presidenta Fernández no ha detallado cómo abordará ese pasivo, aunque su ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, participó en las negociaciones de deuda en su etapa como diputado y conoce el expediente.
Con 31 de 57 diputaciones, Pueblo Soberano tiene más poder legislativo del que tuvo cualquier partido gobernante desde la época bipartidista del siglo XX. Sin embargo, tener mayoría absoluta en la Asamblea no es lo mismo que tener capacidad institucional para reformar el Estado. Los analistas del Instituto de Ciencias Políticas de la UCR señalan que el partido carecía de cuadros técnicos especializados en derecho tributario, salud pública o seguridad social —las tres reformas más urgentes según el Plan de 100 Días— durante la campaña electoral. El modelo que parece seguir el gobierno Fernández es el de aprovechar la ventana legislativa de los primeros seis meses —cuando el capital político es máximo— para aprobar las reformas de mayor envergadura. El tren eléctrico aprobado el lunes fue una primera señal de que esa ventana funciona. Los próximos proyectos en la agenda son la reforma al Régimen de Pensiones del Magisterio (que lleva cuatro legislaturas atascado) y el nuevo Código de Trabajo para plataformas digitales. El riesgo, según el politólogo Gustavo Araya de la UNED consultado ayer por El Financiero, es que la velocidad legislativa sin debate suficiente abra frentes de impugnación ante la Sala Constitucional, que en el pasado reciente ha frenado reformas por defectos de procedimiento.
El gobierno de Laura Fernández tiene tres eventos clave esta semana que marcarán el tono de los próximos meses. El jueves 14 de mayo, Fernández presentará formalmente el Plan de 100 Días ante la Asamblea Legislativa —el documento que detalla las prioridades concretas del gobierno, incluyendo plazos y metas medibles. El viernes 15, el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves enfrenta su primer comparendo ante la Comisión de Asuntos Hacendarios para explicar las proyecciones fiscales del segundo semestre, en un contexto de petróleo elevado que presiona el gasto en subsidios de combustible. Y el lunes 19 de mayo, vence el plazo para que el Ministerio de Planificación entregue la evaluación institucional de los primeros diez entes descentralizados del Estado que el gobierno Fernández identificó como candidatos a reorganización.