La ausencia del jefe del Ministerio Público complica la cumbre anticrimen del 18 de mayo; el Tren Eléctrico avanza hacia licitación y exportaciones del Q1 crecen 8%.
La primera semana completa del gobierno choca con el principio de independencia judicial: el fiscal no irá a Casa Presidencial el lunes.
El fiscal general Carlo Díaz comunicó que no asistirá a la reunión de seguridad convocada por la presidenta Laura Fernández para el 18 de mayo en Casa Presidencial. Díaz argumentó que el Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial con autonomía constitucional, y que comparecer ante el Ejecutivo podría afectar la percepción de independencia del ente acusador, según confirmó Teletica. La reunión se mantiene con el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, y el director interino del OIJ, Michael Soto, que sí confirmaron presencia. La presidenta Fernández había convocado la cita como pieza central de su estrategia anticrimen, buscando coordinar contra el narcotráfico con los tres pilares del sistema penal. Constitucionalistas señalaron que la negativa de Díaz no es un acto de rebeldía sino el ejercicio de una prerrogativa legal: el fiscal general responde a la Corte Suprema, no al Ejecutivo. El reto para el gobierno es diseñar mecanismos de coordinación que no comprometan la separación de poderes —una tensión que, según el abogado constitucionalista Carlos Arguedas, «marcará el relacionamiento entre Casa Presidencial y el Ministerio Público durante todo el cuatrienio».
Con la firma ejecutiva del crédito de $800 millones, el proyecto más grande de transporte público en la historia de CR pasa de la arena legislativa al campo técnico.
La presidenta Laura Fernández suscribió el decreto ejecutivo que formaliza el crédito de 800 millones de dólares aprobado el 12 de mayo por la Asamblea Legislativa, abriendo el proceso de licitación internacional para el diseño final e ingeniería de las 52 kilómetros de vía del Tren Eléctrico de Pasajeros de la GAM. El INCOFER estima que el proceso de selección tardará entre 18 y 24 meses antes de adjudicar el contrato, lo que ubicaría el inicio de obras hacia 2028 en el escenario optimista. El proyecto está financiado por el BCIE ($550 millones) y el Banco Europeo de Inversiones ($250 millones). Contempla 28 trenes con capacidad de 300 pasajeros cada uno, 30 estaciones entre Cartago y Alajuela, y un precio estimado de ₡1.245 por viaje. El INCOFER proyecta que el sistema evitará 6,5 millones de toneladas de CO₂ durante su vida útil, aunque esa cifra proviene únicamente de la entidad promotora, sin auditoría externa publicada. El economista Ronulfo Jiménez reiteró sus objeciones: el costo de $15,4 millones por kilómetro supera referencias en Chile y Colombia, y la demanda proyectada de pasajeros no ha sido revisada de forma independiente antes de comprometer el financiamiento. La licitación será la primera prueba de si el modelo financiero aguanta el escrutinio internacional.
El Congreso entra en modo de trabajo acelerado; Pueblo Soberano y PLN ya tienen acuerdos previos sobre al menos quince expedientes.
La Asamblea Legislativa comenzó esta semana la tramitación de los 62 proyectos de ley convocados por el Ejecutivo de Laura Fernández a sesiones extraordinarias. Según fuentes legislativas consultadas por Infobae Costa Rica, los bloques de Pueblo Soberano (24 diputados) y el PLN (22) tienen acuerdos previos sobre al menos 15 expedientes, lo que facilita avances en seguridad —reforma al régimen de crimen organizado— y energía —expediente 23.414 de apertura del mercado eléctrico—. Los proyectos fiscales, incluida la reforma tributaria, enfrentan mayor resistencia del PUSC y del Frente Amplio. La convocatoria le permite al Ejecutivo fijar la agenda legislativa durante los próximos tres meses, un mecanismo que la administración Fernández ya anuncia como el motor de su primer año de gobierno.
Las exportaciones de bienes de Costa Rica sumaron 5.556 millones de dólares entre enero y marzo de 2026, un crecimiento del 8% respecto al mismo período del año anterior, equivalente a 415 millones de dólares adicionales, según datos de PROCOMER. Los dispositivos médicos —el mayor rubro de exportación del país— y los productos agrícolas como piña, banano y café lideraron el desempeño. El resultado supera la proyección del Banco Central de Costa Rica, que estimaba un crecimiento exportador del 5,5% para el primer semestre. El BCCR proyectó un crecimiento del PIB cercano al 4% para 2026; los datos de exportaciones del Q1 sugieren que el techo podría estar más cerca del 4,5%. No obstante, investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR advierten que el crecimiento exportador coexiste con un mercado interno bajo presión: la tasa de desempleo estructural ronda el 8,5% y las tasas de interés reales siguen por encima de los niveles prepandemia. El modelo exportador beneficia a los sectores de manufactura avanzada y agroindustria, pero su impacto en el empleo formal de la zona centro del país es limitado.
— El comercio exterior da señales sólidas al inicio del gobierno Fernández: el dinamismo manufacturero y agrícola supera las proyecciones del BCCR de inicio de año.
El expresidente Rodrigo Chaves completó su primera semana completa como ministro de la Presidencia y coordinador del Gabinete. Presidió cuatro reuniones de trabajo con jerarcas del MEP, MOPT e ICE para alinear los proyectos de sesiones extraordinarias con la política fiscal, y negocia el marco para el presupuesto ordinario 2027, que debe presentarse a la Asamblea en agosto. Partidarios del PUSC y legisladores del PLN señalaron que la doble condición de Chaves —coordinador del Gabinete y líder de facto de la fracción legislativa más numerosa— desdibuja la frontera entre los poderes. El constitucionalista Rubén Hernández Valle describió el arreglo como legal pero generador de «una tensión institucional sin precedente reciente», según declaró a El Financiero CR.
El gobierno de Laura Fernández publicó los ejes de las reformas que presentará al Poder Judicial: reducción de plazos procesales en casos de crimen organizado, fortalecimiento de la unidad de extinción de dominio y creación de un tribunal especializado en narcoactividad. También plantea revisar el régimen de excarcelación para imputados con medidas cautelares reiteradas. La Corte Suprema no ha emitido posición oficial sobre las propuestas. El fiscal Carlo Díaz, que rechazó la convocatoria, señaló que cualquier reforma procesal debe tramitarse por vía legislativa.
La primera semana completa del gobierno de Laura Fernández deja tres hitos y un límite claro. Los hitos: la firma del decreto del Tren Eléctrico ($800M en licitación), la activación de 62 proyectos en sesiones extraordinarias y el despliegue de Rodrigo Chaves como coordinador político del Ejecutivo. El límite: el fiscal general Díaz dejó en evidencia que el Poder Judicial no opera como un actor del Ejecutivo. El riesgo para Fernández no es el desencuentro en sí —es esperable en cualquier gobierno que impulsa reformas al sistema penal— sino cómo lo encuadra públicamente. Si el gobierno convierte la autonomía del Ministerio Público en un obstáculo político, puede erosionar la separación de poderes que heredó intacta. Si la entiende como la norma constitucional que es, puede diseñar canales de coordinación legales sin afectar independencias. La decisión de cómo narrar ese límite definirá buena parte de la imagen del gobierno en sus primeros cien días.
La primera semana completa de la administración Fernández se cierra con victorias legislativas —el crédito del tren, la agenda de 62 proyectos, el apoyo parlamentario al modelo de apertura— y una fricción institucional que define el carácter de lo que viene: el Ejecutivo puede mover muchas palancas, pero la independencia judicial no es una de ellas. El fiscal Díaz lo recordó con un rechazo que los constitucionalistas calificaron de correcto. Rodrigo Chaves funcionó esta semana como anunciado: el centro de gravedad político del nuevo gobierno. Preside gabinetes, negocia fracciones y coordina política económica desde un cargo ministerial con perfil de premier. La dualidad de roles es inédita; su éxito depende de que no genere conflictos de interés documentables ante la opinión pública.