El Congreso costarricense retoma hoy el expediente 24.290 con 3.893 mociones pendientes mientras Otto Guevara plantea un referéndum y el Frente Amplio busca frenar la vía rápida, ServiceNow despide a 117 personas en Estados Unidos, un análisis de Inc. calcula en 225 millones de dólares el costo oculto del mandato de oficina de California y el Reglamento europeo de IA exige supervisión humana en despidos automatizados.
El plenario legislativo del Congreso costarricense no sesionó el sábado 15 ni el domingo 16 de agosto y retoma hoy lunes 17 el trámite del expediente 24.290 de jornada 4x3 con las mismas 3.893 mociones pendientes que dejó al cierre de la semana pasada —1.329 presentadas directamente al proyecto y 2.564 heredadas del período legislativo anterior—, según el recuento de El Observador CR y Monumental. La semana pasada el plenario alcanzó la moción número 1.335 del trámite acumulado tras votar 454 mociones en cinco sesiones, su ritmo más veloz hasta ahora. El oficialismo se ha planteado un plazo de nueve semanas para lograr la aprobación en primer debate, un calendario que exige sostener un promedio de más de 400 mociones votadas por semana sin pausas adicionales. El expediente arrastra más de dos décadas de intentos fallidos —diez proyectos distintos, según recordó El Mundo CR—, y la Asamblea no sesiona los fines de semana por disposición reglamentaria, lo que suma dos días muertos a cada semana de trámite. Esta sección seguirá si el plenario sostiene hoy el ritmo de la semana anterior o si el arranque del lunes trae una nueva pausa; el recuento de mociones pendientes se actualizará en la próxima edición con el resultado de la sesión de hoy.
El fundador de Movimiento Libertario recomendó a la presidenta Laura Fernández llevar la jornada 4x3 a referéndum, mientras el Frente Amplio busca retirarle la vía rápida al expediente 24.290.
El político y fundador de Movimiento Libertario Otto Guevara recomendó a la presidenta Laura Fernández convocar un referéndum para resolver tres proyectos empantanados en el Congreso —la venta del Banco de Costa Rica, la explotación de la mina de Crucitas y la jornada 4x3—, según reportó La República. La propuesta llega mientras el Frente Amplio presentó una moción para retirarle la vía rápida al expediente 24.290, con el argumento de que el mecanismo acelerado, aprobado con 42 votos, vulnera el debido proceso legislativo, de acuerdo con la misma publicación. El planteamiento de Guevara reconoce lo que el propio trámite evidencia: con más de 4.400 mociones acumuladas al inicio de la vía rápida y apenas 454 resueltas en la primera semana, el Congreso corre el riesgo de mantener el expediente 24.290 como único punto de agenda durante meses, según advirtió La República, bloqueando otros proyectos como seguridad, apoyo agropecuario y el Régimen Obligatorio de Pensiones. El Frente Amplio necesita 38 votos para revertir la vía rápida, umbral que no ha alcanzado hasta el cierre de esta edición. La República no precisa la fecha exacta en que Guevara hizo la recomendación ni si la Casa Presidencial respondió públicamente. Estos tres episodios —la recomendación de Guevara, la moción del Frente Amplio y la lectura sobre un eventual referéndum— provienen únicamente de La República, sin confirmación cruzada de otro medio al cierre de esta edición; esta sección seguirá el tema si el Poder Ejecutivo confirma o descarta la vía del referéndum.
ServiceNow despidió este lunes 17 de agosto a 117 personas trabajadoras en dos sedes de Estados Unidos, según el aviso de reducción de personal (WARN) que la empresa presentó el 10 de junio y que recoge el sitio especializado WARN Tracker. El aviso no detalla las áreas ni los cargos específicos afectados por el recorte. La ley federal WARN obliga a empresas con más de 100 empleados a notificar los despidos masivos con al menos 60 días de anticipación, razón por la que el aviso se conoció desde junio aunque el recorte se ejecuta hasta hoy. El caso se suma al conteo que esta sección reportó el 16 de agosto: 205.832 personas despedidas en el sector tecnológico estadounidense durante 2026, en 322 eventos, cifra que ya superó el total de todo 2025, según el rastreo citado por Futurism y Salesforce Ben. La información sobre el caso ServiceNow proviene únicamente de WARN Tracker, sin cobertura cruzada de otro medio al cierre de esta edición; esta sección seguirá el tema si ServiceNow emite un comunicado propio o si otro medio confirma el detalle de las sedes afectadas. No hay registro público de oficinas de ServiceNow en Costa Rica, por lo que esta sección no encuentra impacto local conocido al cierre de esta edición.
Un análisis publicado por la revista Inc., firmado por la periodista Georgia Fearn, estimó en 225 millones de dólares el costo oculto del mandato de cuatro días en la oficina que el gobernador Gavin Newsom impuso al personal estatal desde el 1 de julio de 2026. La cifra incluye gastos de infraestructura, estacionamiento y logística que las agencias estatales no habían presupuestado antes del mandato, según el mismo análisis. El costo se conoce mientras el Comité de Asignaciones del Senado de California avanzó, el 13 de agosto, el proyecto AB 1729, que exige al Departamento de Servicios Generales publicar un tablero público con los ahorros —o sobrecostos— del teletrabajo estatal, según reportó esta sección el 16 de agosto. El sindicato SEIU Local 1000, que representa a buena parte del personal estatal californiano, mantiene su oposición pública al mandato de Newsom, de acuerdo con la información publicada en su propio sitio; un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pittsburgh, citado en la cobertura del tema, encontró además que los mandatos de regreso a la oficina no mejoran el desempeño de empleados ni de las empresas que los imponen. Ni Inc. ni SEIU Local 1000 precisan si el costo de 225 millones de dólares ya fue verificado por una auditoría estatal independiente; esta sección seguirá el tema cuando el Senado de California vote el proyecto AB 1729 o cuando el Departamento de Servicios Generales publique cifras oficiales. Costa Rica no enfrenta un mandato de regreso a la oficina equivalente: la Ley de Teletrabajo (N.° 9738) deja la modalidad a negociación entre patrono y persona trabajadora, sin costos de infraestructura estatal comparables reportados hasta ahora.
— Un análisis de Inc. estima en 225 millones de dólares el costo oculto del mandato de oficina impuesto por el gobernador Gavin Newsom, mientras el proyecto AB 1729 de transparencia sigue pendiente en el Senado.
Las obligaciones del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea para sistemas de alto riesgo —selección, evaluación y despido de personal— exigen transparencia y revisión humana, según recogió el Observatorio de Recursos Humanos español.
El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Reglamento 2024/1689) exige requisitos de transparencia y supervisión humana obligatoria a los sistemas de inteligencia artificial clasificados como de alto riesgo, entre ellos los que se usan para reclutamiento, evaluación de desempeño, promoción o despido de personal, según describió el Observatorio de Recursos Humanos (ORH) de España en su análisis del panorama laboral 2026. Las obligaciones para esta categoría de sistemas de alto riesgo, fijadas en el propio texto del reglamento, entraron en aplicación este mes de agosto. La norma obliga a las empresas que usan IA en decisiones de personal a documentar el funcionamiento del sistema, informar a las personas trabajadoras afectadas y garantizar que una persona humana revise cualquier decisión automatizada antes de aplicarla, según el ORH. La medida llega en un momento en que la adopción de IA en selección y evaluación de desempeño avanza más rápido que la regulación en la mayoría de países fuera de la Unión Europea, lo que deja a las empresas multinacionales con operaciones en varios mercados ante estándares dispares según la jurisdicción. El ORH no detalla qué sanciones aplicarían a una empresa que incumpla la supervisión humana obligatoria en decisiones de despido automatizadas; la información proviene únicamente de esa fuente, sin confirmación cruzada de otro medio al cierre de esta edición. Costa Rica no cuenta con una regulación equivalente sobre IA en decisiones de recursos humanos; empresas con operaciones en el país que también operan en la Unión Europea, como Intel o Amazon, deberán cumplir el estándar europeo para su personal en ese bloque, aunque no existe obligación legal de extenderlo a sus operaciones costarricenses.
La edición de hoy encuentra el expediente 24.290 de jornada 4x3 retomando el trámite tras el receso de fin de semana: el plenario legislativo no sesionó el sábado ni el domingo y llega a la sesión de hoy lunes con las mismas 3.893 mociones pendientes que dejó el viernes, según el recuento de El Observador CR y Monumental. En paralelo, el debate político se intensificó: el fundador de Movimiento Libertario, Otto Guevara, recomendó a la presidenta Laura Fernández llevar la jornada 4x3 a referéndum, mientras el Frente Amplio presentó una moción para retirarle la vía rápida al expediente, según reportó La República. En Estados Unidos, ServiceNow despidió a 117 personas en dos sedes este lunes mediante un aviso WARN presentado en junio, el más reciente de una ola de despidos tecnológicos que ya suma 205.832 personas en 2026, según el rastreo citado por Futurism y Salesforce Ben. Un análisis de Inc. calculó en 225 millones de dólares el costo oculto del mandato de oficina de cuatro días que el gobernador Gavin Newsom impuso al personal estatal californiano, mientras el sindicato SEIU Local 1000 mantiene su oposición y el proyecto AB 1729 de transparencia sigue pendiente en el Senado. En Europa, las obligaciones de alto riesgo del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea —que exigen supervisión humana en decisiones automatizadas de reclutamiento, evaluación y despido— entraron en aplicación este mes, según el Observatorio de Recursos Humanos de España. Esta sección seguirá tres pendientes concretos: si el plenario costarricense retoma hoy el ritmo de 454 mociones semanales, si el Poder Ejecutivo responde al planteamiento de referéndum de Otto Guevara, y si el Senado de California vota finalmente el proyecto AB 1729.