El proyecto minero necesita seis votos que la oposición sigue negando. El tipo de cambio oscila entre ¢453 y ¢456, la recaudación cae en términos reales y el canciller activa la vía formal ante la OMC por el bloqueo panameño.
El proyecto de minería a cielo abierto entró a la semana final de negociación intensa: Pueblo Soberano sostiene su bloque mientras PLN, Frente Amplio e independientes construyen la muralla de los 29.
El proyecto de explotación minera a cielo abierto en Las Crucitas terminó la semana de trabajo legislativo sin los seis votos adicionales que Pueblo Soberano requiere para superar la barrera de 29 en primera votación. La fracción oficialista mantiene sus 23 legisladores alineados, pero los bloques de oposición —Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y diputadas independientes— negocian en paralelo para consolidar una mayoría que rechace el expediente. La presidenta Laura Fernández reafirmó el jueves que la gira de campo prevista para el 19 de junio es la vía institucional para construir acuerdos y no descartó ampliar el plazo técnico si las conversaciones lo justifican. El punto central del debate no es exclusivamente ambiental: varios diputados de centro señalan que el texto vigente no establece mecanismos suficientes de reparación ecológica ni fideicomisos independientes para las comunidades del norte del país, según versiones recogidas por La Nación. El ángulo contrario es directo: Pueblo Soberano argumenta que cada semana de espera tiene un costo económico real para las regiones de Guatuso y Los Chiles, donde las tasas de desempleo duplican el promedio nacional y donde los ingresos de regalías representarían la primera inyección significativa de recursos en una generación. La aritmética legislativa no cambia de un día para otro; el siguiente ciclo de votación relevante se perfila para la segunda semana de junio. La gira del 19 de junio podría mover posiciones si los 57 diputados ven en terreno las condiciones actuales del río Sarapiquí y las comunidades aledañas.
El balance de la primera quincena muestra a una presidenta que apostó por la confrontación con Panamá y la acción legislativa acelerada, con resultados mixtos en el Congreso.
Laura Fernández asumió el 8 de mayo y en catorce días estableció tres prioridades que dan forma a su estilo de gobierno: presión multilateral sobre Panamá vía OMC, tramitación simultánea del CPTPP y Crucitas en la Asamblea, y una señal de austeridad personal al declinar la presencia en la OEA en Ciudad de Panamá. El resultado inmediato es una agenda legislativa atestada y una fricción diplomática bilateral que los cancilleres de ambos países no han logrado bajar en tono. El contexto macroeconómico complica el margen de maniobra: la recaudación tributaria cerró el primer cuatrimestre de 2026 con una caída en términos reales, el tipo de cambio oscila entre ¢453 y ¢456 en una semana de volatilidad cambiaria inducida por factores externos —entre ellos la rebaja de Moody's a la deuda de Estados Unidos— y el BCCR mantiene la TPM en 3.25% sin señales de movimiento inmediato. El Fondo Monetario Internacional proyecta un superávit primario del 0.8% del PIB para el cierre de 2026, lo que limita la urgencia de ajustes fiscales pero no elimina la presión sobre el gasto social. El ángulo que conviene vigilar: la acumulación de frentes simultáneos —Crucitas, CPTPP, OMC— puede generar desgaste político en fracciones aliadas que el gobierno necesita para los tres expedientes. Diputados del PLN que votan con la oposición en Crucitas son los mismos que el Ejecutivo requiere para avanzar en el CPTPP.
La presidenta Laura Fernández se reunió el miércoles 20 de mayo con fracciones legislativas para pedir que el trámite del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) no quede atrapado en el calendario dominado por Crucitas. "Necesitamos trabajar en equipo; ambos expedientes pueden avanzar en paralelo si hay voluntad política", declaró Fernández, según versiones de CRHoy. El texto del CPTPP está formalmente en la Asamblea y abre acceso de las exportaciones costarricenses —café, dispositivos médicos, piña y manufactura de zona franca— a once economías que suman el 13% del PIB mundial. Los focos de tensión son conocidos: la Cámara Nacional de Productores de Leche pide plazos de desgravación de 20 años frente a la competencia de Nueva Zelanda y Australia, mientras los arroceros solicitan un mecanismo de salvaguardia automática que el texto actual no contempla. PROCOMER estima que el CPTPP puede generar más de USD 300 millones adicionales en exportaciones anuales en un horizonte de cinco años. La fecha objetivo del Ejecutivo para una primera votación es antes del receso legislativo de julio.
El tipo de cambio del dólar en ventanilla se movió esta semana en una banda de ¢453 a ¢456 en venta, sin que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) realizara operaciones de intervención directa en el mercado SINPE, según datos del sistema interbancario. La volatilidad responde a factores externos —la rebaja de Moody's a la deuda soberana de Estados Unidos de Aaa a Aa1 y la incertidumbre arancelaria global— más que a desequilibrios internos de la economía costarricense. El BCCR mantiene la Tasa de Política Monetaria en 3.25%, sin señales de ajuste en el comunicado de su última sesión de Junta Directiva.
Costa Rica escala el diferendo agropecuario con Panamá al plano multilateral mientras la presidenta mantiene cerrada la vía del diálogo presencial bilateral.
El canciller Manuel Tovar confirmó esta semana que Costa Rica activó los mecanismos formales ante la Organización Mundial del Comercio para presionar a Panamá a cumplir el fallo del panel arbitral de 2024, que declaró injustificadas las restricciones sanitarias panameñas sobre papa, cebolla, lácteos y embutidos costarricenses. La acción legal busca activar el procedimiento de implementación del artículo 21.5 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, que permite a Costa Rica solicitar que un panel de cumplimiento evalúe si Panamá ha adecuado sus medidas al fallo original. Panamá apeló el fallo de 2024 ante el Órgano de Apelación de la OMC, cuya capacidad operativa está limitada desde 2019 por el bloqueo de Estados Unidos a la designación de nuevos árbitros. Ese vacío institucional es el principal riesgo para Costa Rica: si el Órgano de Apelación no puede funcionar, Panamá puede mantener su bloqueo indefinidamente sin consecuencias formales. El canciller Tovar descartó que esa posibilidad cambie la estrategia legal; Costa Rica también explora el mecanismo alternativo de apelación MPIA, del que ambos países son signatarios.
Los ingresos tributarios del primer cuatrimestre de 2026 cerraron por debajo de la inflación, lo que equivale a una caída en términos reales respecto del mismo período de 2025. El deterioro combina una menor actividad en empresas de zona franca —afectadas por la desaceleración tecnológica global— con créditos fiscales diferidos de 2024 que redujeron el impuesto sobre la renta corporativo en el primer trimestre. El Ministerio de Hacienda no ha emitido un comunicado oficial sobre los datos; la información circula por proyecciones de analistas citadas en medios económicos, sin confirmación independiente al cierre de esta edición. El gobierno Fernández heredó una deuda pública equivalente al 60% del PIB y compromisos de gasto en salud, educación y seguridad que dificultan recortes lineales. El FMI proyecta un superávit primario del 0.8% del PIB para el cierre de 2026 si no hay shocks adicionales, lo que sugiere que la presión de corto plazo no representa una crisis fiscal inmediata. El ángulo que conviene vigilar: si la recaudación no repunta en el segundo cuatrimestre, el Ministerio de Hacienda podría verse obligado a revisar la Ley de Presupuesto antes del cierre del año legislativo, en un momento en que la Asamblea ya tiene el calendario lleno con Crucitas y el CPTPP.
— Los datos del primer cuatrimestre muestran menos ingresos reales de los proyectados; el margen que el FMI anticipa no elimina el reto político de administrar expectativas con las manos más cortas.
El 22 de mayo cierra la primera quincena del gobierno Fernández con tres frentes activos y ninguno resuelto: Crucitas sigue a seis votos de la mayoría, el CPTPP espera su primera votación antes del receso de julio, y la vía OMC contra Panamá avanza pero depende de instituciones multilaterales con funcionamiento limitado. El tipo de cambio entre ¢453 y ¢456 refleja más tensión externa que interna, y el BCCR no ha movido la TPM. La agenda del lunes trae nuevas rondas de negociación en la Asamblea y la presión del reloj legislativo.