La Asamblea aprobó por unanimidad la regulación de activos virtuales; el BCCR sigue comprando dólares en MONEX y las aerolíneas aprovechan el jet fuel regulado para cargar combustible extra.
La reforma, aprobada el 25 de mayo con todos los votos del plenario, no convierte las criptomonedas en moneda de curso legal pero sí somete a sus operadores a las mismas obligaciones antilavado que los bancos.
La Asamblea Legislativa aprobó el lunes 25 de mayo, en segundo debate y por unanimidad, la reforma a la Ley 8204 que regula los activos virtuales en Costa Rica. El texto obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) —exchanges, billeteras custodiales, plataformas de intercambio— a registrarse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y a reportar operaciones sospechosas bajo los mismos umbrales que aplican a bancos y cooperativas, según confirmó El Financiero. La ley aclara que un activo virtual es una representación digital de valor o fondo que puede comercializarse o transferirse digitalmente y usarse para pagos o inversiones, pero no reconoce ninguna criptomoneda como moneda de curso legal ni como divisa oficial según el BCCR. El ángulo contrario: la Asociación Blockchain Costa Rica señaló que la ley no distingue entre plataformas de custodia —que guardan activos de terceros y representan el mayor riesgo— y carteras no custodiales, donde el usuario controla sus claves privadas. Para esta última categoría, el registro ante la Sugef implica costos de cumplimiento desproporcionados. El sector pide un reglamento que segmente obligaciones según el modelo de negocio, y advierte que sin ese matiz muchas startups ticas del sector optarán por registrarse en jurisdicciones más amigables. El Ejecutivo tiene 30 días hábiles para reglamentar la norma. La Sugef anunció que abrirá un período de consulta pública antes de publicar los requisitos técnicos del registro.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) intervino por decimoctava vez consecutiva en el MONEX el martes 27 de mayo, comprando divisas para moderar la apreciación del colón, cuyo tipo de cambio de referencia se mantiene en torno a ¢453 por dólar —el nivel más bajo desde noviembre de 2006—. La oferta de dólares sigue impulsada por tres fuentes: ingresos récord de turismo (más de 1,19 millones de llegadas internacionales entre enero y abril), exportaciones de zonas francas, y venta de divisas corporativas relacionadas con transacciones de capital. La Tasa de Política Monetaria permanece en 3,25% y el BCCR no ha señalado cambio en la reunión de junio. El impacto es asimétrico: importadores y consumidores de bienes con componente importado se benefician de precios más bajos, pero las empresas exportadoras de servicios —call centers, parques de zonas francas, freelancers— reciben menos colones por cada dólar facturado, lo que comprime márgenes y complica la planificación presupuestaria.
— El tipo de cambio cerró el 27 de mayo en torno a ¢453 en el MONEX, con el Banco Central como comprador neto por más de dos semanas seguidas ante una oferta de divisas que no cede.
La práctica, detectada por operadores aeroportuarios y reportada el 27 de mayo, consiste en cargar combustible extra en Costa Rica porque el precio local —regulado por la ARESEP— resulta más barato que en los aeropuertos de salida habituales.
Operadores de tierra en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría confirmaron el martes 27 de mayo que varias aerolíneas internacionales están practicando fuel tankering: cargan combustible adicional al necesario para el vuelo de retorno al detectar que el jet fuel en Costa Rica, cuyo precio regula la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), es más barato que en los aeropuertos europeos y norteamericanos donde terminan su recorrido. La práctica no viola ninguna norma aeronáutica, pero perjudica al Estado costarricense porque reduce los ingresos fiscales asociados al consumo de combustible y distorsiona los incentivos del mercado. La ARESEP reconoció el fenómeno y abrió una revisión técnica para determinar si la tarifa actual refleja los costos reales del mercado internacional. El Ministerio de Hacienda indicó que evaluará si existe una ventana de ajuste regulatorio sin comprometer la competitividad de la ruta aérea, que es el principal canal de ingreso de turistas. La información proviene de fuentes del sector aeroportuario reportadas por Rumbo Económico, sin confirmación adicional de la DGAC al cierre de esta edición.
El protocolo de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, cerrado la semana pasada, ingresó formalmente a la Procuraduría General para revisión de constitucionalidad previa al trámite legislativo.
El protocolo de incorporación de Costa Rica al CPTPP ingresó esta semana a la Procuraduría General de la República para la revisión jurídica previa al envío a la Asamblea Legislativa, según confirmaron fuentes del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). El gobierno aspira a trasladar el expediente antes del 31 de julio para que la Asamblea lo vote en primer debate durante el período ordinario de agosto-noviembre, aunque la calificación de urgencia —que acortaría el trámite— aún no se ha definido. El acuerdo incluye a doce miembros: Japón, Australia, Canadá, México, Chile, Perú, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, Vietnam, Malasia y el Reino Unido desde 2023. Para Costa Rica, los mercados más relevantes son Japón —tercer destino de los dispositivos médicos ticos—, Australia y Vietnam. La CADEXCO proyecta beneficios de USD 400 millones anuales en los primeros cinco años; la UCR y CEDARENA mantienen sus objeciones a las cláusulas de propiedad intelectual sobre agroquímicos, semillas y medicamentos genéricos.
La Asamblea Legislativa aprobó en las primeras semanas del gobierno Fernández un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por USD 800 millones para la primera fase del tren eléctrico metropolitano, el proyecto de infraestructura más ambicioso desde la apertura de la Ruta 27. El INCOFER anunció que el diseño de ingeniería de detalle comenzará en junio 2026, con una firma consultora internacional por definirse mediante licitación pública. La primera fase contempla el corredor San José-Cartago (28 km) con siete estaciones, más una extensión hacia Heredia de 14 km en una segunda etapa. El tiempo estimado de construcción es de cuatro años para el corredor principal. El ángulo contrario: el Colegio de Ingenieros y Arquitectos advirtió que los plazos son optimistas dado el historial de gestión del INCOFER —que tiene pendiente resolver problemas de titulación de la franja ferroviaria en tres cantones de Cartago— y que el financiamiento no cubre el costo total del sistema, que incluye material rodante, electrificación y adecuación de estaciones.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó 294 homicidios hasta el 20 de mayo de 2026, un 13,3% menos que en el mismo período de 2025, según datos citados por el propio gobierno al activar la Fuerza Elite la semana pasada. El descenso se concentra en las provincias de Limón y Puntarenas, donde las unidades de inteligencia policial desarticularon tres estructuras criminales en abril. Sin embargo, el OIJ identificó 61 estructuras en confrontación activa de un total de 260 mapas en el radar de inteligencia. La presidenta Laura Fernández ordenó reuniones semanales de coordinación policial todos los lunes a las 8 a.m. y el Ministerio de Seguridad trabaja en un proyecto de ley para tipificar penalmente la mera pertenencia a organizaciones criminales, medida respaldada por el gobierno pero cuestionada por la UCR y el Colegio de Abogados por posibles conflictos con la garantía de inocencia.
Los datos del primer trimestre de 2026 publicados por el Ministerio de Hacienda revelan una tensión estructural que el gobierno Fernández heredó y que se agudizó en los primeros tres meses: los ingresos tributarios cayeron un 4,4% en términos reales respecto al mismo período de 2025, mientras los intereses de la deuda consumieron ₡670.804 millones, equivalente al 34,2% de los ingresos totales del gobierno central. La relación deuda/PIB mejoró marginalmente al 59,2%, pero por efecto estadístico —la apreciación del colón abarató la deuda externa en términos relativos—, no por reducción nominal de la deuda, que creció de ₡31,30 billones a ₡31,76 billones. El contexto: Rodrigo Chaves asume el Ministerio de Hacienda en una acumulación de carteras sin precedente en la historia constitucional de Costa Rica. La Contraloría General lleva una auditoría paralela con entrega proyectada en julio, y el FMI, en sus conclusiones de la misión 2026, estimó el crecimiento al 3,8%, levemente por encima del 3,5% del BCCR. El margen de maniobra es estrecho: si el gobierno decide aumentar gasto en seguridad e infraestructura sin compensar con recortes o ingresos nuevos, el superávit primario —uno de los compromisos adquiridos con el FMI— quedaría en riesgo.
El mapa del tercer miércoles de gobierno suma la ley de criptoactivos como primer logro legislativo unánime, el CPTPP en manos de la Procuraduría y una economía que crece pero que distribuye los beneficios de forma asimétrica.
Al cierre de su tercera semana de gobierno, la presidenta Laura Fernández suma tres desarrollos que marcarán la agenda de junio: la ley de criptoactivos aprobada por unanimidad —un logro que refuerza la imagen de la administración como pro-empresa y pro-regulación simultáneamente—, el CPTPP en revisión jurídica antes de llegar a la Asamblea, y la armonización eléctrica estancada tras el bloqueo del PLN en el segundo debate. El dato macro que domina el contexto: el colón en ¢453 —mínimo de dos décadas— beneficia al consumidor pero comprime las exportaciones y complica las proyecciones fiscales del segundo semestre. El BCCR interviene comprando dólares, pero la herramienta tiene límites: si la oferta de divisas sigue superando la demanda, el ajuste será gradual. Tres frentes legislativos permanecen abiertos: la armonización eléctrica, el CPTPP y la negociación de la deuda del Estado con la CCSS. Los tres requieren alianzas que Pueblo Soberano aún no ha conseguido sellar.