La empresa recorta 4.800 puestos y vende cuatro estudios de videojuegos el mismo día en que Filadelfia vive su primera huelga eléctrica en 145 años y el Estado de la Nación advierte que el crecimiento tico no está creando trabajo formal.
La consejera delegada de Xbox, Asha Sharma, calificó de "no saludable" el negocio de videojuegos y anunció la venta, el cierre o el traspaso de cinco estudios en la mayor reestructuración de la división.
Microsoft anunció el lunes 6 de julio recortes de 4.800 empleos, equivalentes al 2.1% de su plantilla global, de los cuales 1.600 corresponden de inmediato a la división Xbox, según confirmó la propia empresa y recogieron GeekWire y CNBC. La compañía prevé que los recortes en videojuegos lleguen a 3.200 puestos —cerca del 20% de la plantilla global de Xbox— a lo largo del año fiscal 2027, mientras reordena su portafolio de estudios: Double Fine y Compulsion Games regresan a sus fundadores como operaciones independientes, Ninja Theory y Undead Labs pasan a nuevos compradores, y Arkane Lyon enfrenta el cierre, según reportó Forbes. Sharma escribió en un memo interno, citado por Forbes, que "nuestro negocio hoy no es saludable" y que Xbox opera con márgenes "de 3 a 10 veces menores" que negocios comparables de plataformas y editoriales, tras cerrar el año fiscal con una rentabilidad de apenas 3%. Pero el origen del problema antecede a la inteligencia artificial que la compañía invoca en otros recortes: GameSpot calculó que, descontando los USD 68.700 millones pagados por Activision Blizzard en 2023, la división gastó más de USD 20.000 millones en contenido, plataforma y subsidios de hardware en cinco años mientras sus ingresos caían casi USD 500 millones en el mismo período —una lectura que complica el relato de un recorte motivado solo por la nueva tecnología. Microsoft mantiene un centro de operaciones comerciales en Heredia, pero la empresa no ha especificado si los recortes de ventas y consultoría —que se suman a los de Xbox— alcanzan personal costarricense; consultas de El Pisuika no fueron respondidas al cierre de esta edición. El mercado de consolas Xbox tiene presencia minoritaria entre los jugadores ticos frente a PlayStation y PC, por lo que el impacto directo sobre el empleo local se limita, por ahora, a la incertidumbre sobre la sede de Heredia.
Los 1.600 trabajadores de la eléctrica de Pensilvania reclaman salarios y pensión para el personal contratado después de 2021, mientras una ola de calor y tormentas dejaron sin luz a miles de clientes.
Cerca de 1.600 trabajadores sindicalizados del IBEW Local 614 continúan en huelga contra la eléctrica PECO de Pensilvania desde la medianoche del 4 de julio, la primera huelga en los 145 años de historia de la empresa, según reportó WHYY. Las negociaciones se reanudaron el lunes 6 de julio a las 10 a.m., en el tercer día del paro, de acuerdo con The Philadelphia Inquirer. La vocera sindical Melissa McCleery declaró a CBS Philadelphia que el personal de PECO gana aproximadamente 30% menos que sus pares en empresas comparables de la región, y que el sindicato exige un plan de pensión y beneficios de salud para cerca de 600 empleados contratados después de 2021 que hoy carecen de ellos. PECO respondió, en un comunicado citado por CBS Philadelphia, que su oferta incluye aumentos salariales de casi 22% para el personal de campo y 16% para el personal de centros de atención en un contrato a cinco años, además de un plan de pensión de saldo en efectivo. El paro coincide con una ola de calor y tormentas que dejaron sin electricidad a 57.000 clientes el fin de semana, lo que añade presión sobre ambas partes para llegar a un acuerdo. En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad opera bajo un régimen distinto: como servicio público esencial, las huelgas del personal eléctrico enfrentan restricciones legales más estrictas que en Pensilvania, donde PECO es una empresa privada regulada. El caso no tiene impacto directo conocido sobre el sector eléctrico costarricense, pero expone una tensión que también existe acá: la brecha entre las condiciones del personal de planta antiguo y el contratado en años recientes, un tema recurrente en las negociaciones colectivas del sector eléctrico tico.
La economía costarricense aceleró su expansión de 4.1% a 4.6% del PIB durante 2025, pero ese dinamismo no se tradujo en más empleo formal, según el Informe Estado de la Nación 2025 citado por El Financiero. Al cierre del primer trimestre de 2026, la informalidad laboral alcanzó a 824.083 personas, equivalente al 38.2% de la población ocupada del país, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo del INEC. El propio informe describe la informalidad como una vía de doble función en el mercado laboral tico: sirve de puerta de entrada para quienes buscan trabajo y, a la vez, de refugio ante la falta de oportunidades formales. El Financiero apunta que el crecimiento reciente del país se concentra en sectores de alta productividad —tecnología, dispositivos médicos, servicios profesionales— que generan pocos puestos por unidad de inversión, mientras los sectores que sí generan empleo masivo, como comercio y construcción, mantienen tasas de informalidad más altas. El Ministerio de Trabajo no ha anunciado medidas específicas para cerrar esa brecha; el propio Estado de la Nación identifica la dualidad crecimiento-empleo como uno de los pendientes estructurales que ningún gobierno reciente ha resuelto. Los departamentos de gestión humana que compiten por talento formal seguirán operando en un mercado donde casi 4 de cada 10 personas ocupadas no cotizan ni tienen las protecciones laborales plenas del régimen formal.
Costa Rica contabilizó 228.405 personas extranjeras dentro de su fuerza laboral ocupada durante el primer trimestre de 2026, según la Encuesta Continua de Empleo del INEC citada por El Financiero. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), en cambio, emitió apenas 101.250 permisos de trabajo entre 2023 y el primer semestre de 2026, menos de la mitad de las personas extranjeras que hoy participan del mercado laboral tico. La brecha responde en buena parte a los tiempos de espera para regularizar el estatus migratorio, que El Financiero cifra entre 15 y 18 meses en la actualidad. Para las gerencias de recursos humanos que contratan personal extranjero —frecuente en agricultura, construcción, servicios y, cada vez más, en centros de servicios compartidos con perfiles bilingües—, la demora migratoria obliga a sostener relaciones laborales informales o a cubrir vacantes mientras avanza el trámite. La DGME no ha anunciado medidas para acelerar la resolución de permisos de trabajo; El Financiero, único medio que ha reportado estas cifras hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta de la institución sobre plazos de mejora. La discusión se suma a la que enfrenta el mercado laboral tico con la informalidad doméstica: dos brechas distintas —la de trabajadores extranjeros sin papeles y la informalidad general del 38.2%— que comparten la misma raíz estructural.
El Ministerio de Trabajo de España presentó un borrador de real decreto que obliga a las empresas con 50 o más personas trabajadoras a mantener un registro retributivo actualizado —que incluye al personal directivo— con las medias y medianas de lo efectivamente pagado por categoría y sexo, según reportaron Infobae y Pressdigital el 5 de julio. El texto adapta a la legislación española la Directiva europea 2023/970, en vigor en toda la Unión Europea desde el 7 de junio de 2026. El borrador fija en 5% el umbral de brecha salarial por categoría que activa una evaluación obligatoria de la empresa; si la diferencia carece de una justificación objetiva y neutra en razón de género, la compañía deberá corregirla en un plazo no mayor a dos meses. La carga de la prueba recae en el empleador: si no aporta datos trazables, la ley aplica una presunción automática de discriminación, según el análisis de Andalucía Información. El texto se negociará con sindicatos y patronal el 15 de julio, antes de su tramitación final. Costa Rica no tiene una ley equivalente de transparencia salarial obligatoria: el Ministerio de Trabajo y el INAMU operan el reconocimiento voluntario "Buen Brete y Buenas Prácticas Laborales para la Igualdad de Género", que premia a empresas que se postulan, pero no exige registros retributivos por sexo a la totalidad del sector privado. Las multinacionales españolas con operaciones en el país —banca, seguros, energía— sí deberán ajustar sus políticas globales de compensación a la nueva norma europea, aunque su aplicación local seguirá siendo voluntaria mientras no exista una ley costarricense equivalente.
Los registros para la visa H-1B de trabajadores calificados cayeron 38.5% para el año fiscal 2027 frente al ciclo anterior, según el análisis de Rest of World, que atribuye la caída a la persistente incertidumbre migratoria y a políticas cambiantes de Washington. Un juez federal bloqueó el 8 de junio la tarifa de USD 100.000 que la administración Trump pretendía cobrar por cada nueva visa H-1B, al considerar que el gobierno carecía de autoridad para imponerla, pero la confusión generada ya frenó decisiones de contratación en varias empresas tecnológicas. Rest of World reporta que trabajadores tecnológicos altamente calificados evalúan activamente reubicarse en Canadá, el Reino Unido o los Emiratos Árabes Unidos, países que compiten por ese talento con políticas migratorias más predecibles. Newsweek, en cambio, señala que las renovaciones de visas H-1B ya en trámite van camino a un máximo histórico este año fiscal, lo que sugiere que el freno se concentra en la contratación de personal nuevo desde el exterior, no en la retención de quienes ya están empleados en Estados Unidos. Costa Rica no participa del programa H-1B —es una visa exclusiva de Estados Unidos—, pero el país sí compite por parte de ese mismo talento tecnológico a través de sus zonas francas y centros de servicios compartidos, que en los últimos años han recibido operaciones relocalizadas por empresas que buscan alternativas frente al mercado estadounidense. Ninguna autoridad costarricense ha cuantificado hasta ahora cuánta de esa migración de talento termina en el país, por lo que la conexión sigue siendo estructural más que estadística.
— Trabajadores calificados evalúan mudarse a Canadá, el Reino Unido o los Emiratos Árabes Unidos ante la incertidumbre migratoria en Estados Unidos, mientras un juez bloqueó en junio el cobro de USD 100.000 por nueva visa H-1B.
Los rastreadores de notificaciones WARN registran 267 eventos de despido en Estados Unidos durante 2026, que han afectado a 185.894 personas trabajadoras —un promedio de 994 despidos diarios—, según datos recopilados por LayoffAlert.org y Skillsyncer. El 56% de esos anuncios cita explícitamente la inteligencia artificial, la automatización o el aprendizaje de máquina como factor del recorte, una cifra que afecta a 156.270 personas en 150 empresas distintas. La semana que cierra hoy concentró dos de los recortes más comentados del año: los 4.800 empleos de Microsoft anunciados este lunes y la huelga de PECO en Pensilvania, que expone cómo la tensión salarial no se limita al sector tecnológico. Economistas laborales citados por Newsweek advierten que buena parte de los despidos etiquetados como "impulsados por IA" en realidad corrige la sobrecontratación de 2023 y 2024, una lectura que matiza el relato de una automatización arrolladora. Costa Rica sigue el pulso de estos recortes de cerca: buena parte de las empresas que encabezan la lista —Microsoft, Cisco, Oracle— mantienen operaciones o proveedores en el país, principalmente en zona franca, aunque ninguna ha confirmado recortes de personal costarricense derivados de esta ola. El comportamiento del empleo tecnológico global seguirá siendo, de cara al segundo semestre, uno de los indicadores que más de cerca vigilan los departamentos de gestión humana del corredor de servicios compartidos del país.