El gobierno Fernández cierra su primera semana completa con dos movidas legislativas de alto impacto y una convocatoria de seguridad al OIJ y la Fiscalía.
Con 56 votos y ninguno en contra, el Congreso da luz verde al mayor proyecto de transporte público en la historia del país.
La Asamblea Legislativa aprobó el martes 12 de mayo el financiamiento de 800 millones de dólares para construir el Tren Eléctrico de Pasajeros de la Gran Área Metropolitana. Los recursos provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI); la votación fue unánime con 56 diputados presentes. El proyecto contempla 52 kilómetros de vía electrificada entre Cartago y Alajuela, 30 estaciones, dos terminales nuevas y 9 separaciones a desnivel. La aprobación del crédito abre el proceso formal de licitación internacional para el diseño final y la construcción, con la firma presidencial como paso inmediato. El plazo estimado de construcción oscila entre cinco y ocho años, lo que ubica el primer tren operativo hacia 2031 en el escenario optimista. El economista Ronulfo Jiménez advirtió que el costo por kilómetro —15,4 millones de dólares— supera referencias de proyectos similares en Chile y Colombia, y que la demanda proyectada de pasajeros no ha sido auditada de forma independiente antes de aprobar el financiamiento.
El expresidente acepta un cargo ministerial en la siguiente administración, una figura sin precedente en la historia política costarricense reciente.
Rodrigo Chaves Robles tomó posesión el 8 de mayo como ministro de la Presidencia y de Hacienda del gobierno de Laura Fernández, quien horas antes había recibido de él la banda presidencial. Chaves asume además la coordinación del Gabinete, lo que lo posiciona como el principal operador político y económico de la nueva administración. Su partido, Pueblo Soberano, cuenta con 24 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, lo que le otorga una palanca parlamentaria clave para la agenda de Fernández. El expresidente tiene a su cargo la negociación del presupuesto ordinario 2027, la reforma fiscal pendiente y la coordinación de los proyectos del plan de sesiones extraordinarias. El constitucionalista Rubén Hernández Valle advirtió que la figura puede generar tensiones institucionales: Chaves mantiene influencia directa sobre su fracción legislativa mientras actúa simultáneamente como jerarca del Ejecutivo, lo que dificulta la separación entre los roles de fiscalización y ejecución. Legisladores del PUSC y el PLN anunciaron que solicitarán aclaraciones sobre los mecanismos de control de posibles conflictos de interés.
La presidenta convoca a los principales operadores del sistema penal a coordinar una estrategia conjunta contra el crimen organizado.
El gobierno de Laura Fernández agendó para el lunes 18 de mayo una reunión en Casa Presidencial con el fiscal general Carlo Díaz y el director interino del OIJ, Michael Soto. La cita, confirmada el miércoles 13 por el ministerio de la Presidencia, busca establecer una estrategia unificada frente al narcotrafico y el crimen organizado. Entre las medidas en discusión se cuentan reformas a la ley de usura, cambios al sistema de ejecución de penas y el endurecimiento del marco legal contra organizaciones criminales. El gobierno también planea explorar mayor coordinación con la DEA y Europol. La oposición legislativa solicitó que cualquier reforma al Código Procesal Penal se tramite en la Asamblea y no por decreto.
El Ejecutivo de Laura Fernández convocó esta semana 62 proyectos de ley a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, fijando la primera gran agenda legislativa de su administración. Las prioridades centrales son seguridad —reforma al régimen de crimen organizado y ley de usura—, energía —apertura del mercado eléctrico, expediente 23.414— y modernización del Estado. La convocatoria extraordinaria le permite al Ejecutivo fijar los temas que el Congreso debe tratar durante los próximos tres meses. Además de seguridad y energía, los 62 expedientes incluyen la emisión de títulos en mercados internacionales, mejoras a la infraestructura vial y proyectos heredados del gobierno Chaves que no llegaron a aprobarse antes del 8 de mayo. Fuentes legislativas indicaron que la fracción de Pueblo Soberano (24 diputados) y el PLN (22) tienen acuerdos previos sobre al menos quince expedientes, lo que anticipa avances en energía y seguridad. Los proyectos fiscales, incluida la reforma tributaria, enfrentan mayor resistencia en el hemiciclo.
— La primera agenda legislativa de Fernández le otorga al Ejecutivo el control del Congreso durante tres meses y recoge expedientes que la administración anterior dejó inconclusos.
Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron 5.556 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un crecimiento del 8% respecto al mismo período de 2025, según datos de PROCOMER. Los dispositivos médicos encabezan con el 45% de participación y un 6% de crecimiento; el sector agrícola avanzó un 9% impulsado por piña (+14%), café (+12%) y sandía fresca (+26%). Norteamérica absorbe el 47% de las exportaciones, pero el dato más llamativo es el incremento del 53% hacia Asia, impulsado por los acuerdos comerciales recientes con Corea del Sur y Singapur. El régimen de zonas francas —donde operan Intel, Baxter, Boston Scientific y más de 300 empresas— aportó el 73,7% del crecimiento total. El secretario de COMEX, Manuel Tovar, advirtió que el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz representan el principal riesgo para el segundo semestre, pues afectan costos de insumos y fletes de varias industrias de exportación.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) redujo su proyección de crecimiento del PIB para 2026 de 3,8% a 3,5% en su Informe de Política Monetaria de abril, publicado el 30 de abril. La revisión responde al impacto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán —iniciado en febrero de 2026— sobre los precios del petróleo y la estabilidad de los mercados financieros internacionales. La Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantiene en 3,25% anual, con la próxima revisión programada para el 21 de mayo. La inflación acumula diez meses consecutivos en terreno negativo, con un –2,7% a febrero de 2026, y el BCCR proyecta que permanecerá por debajo de la meta del 3% hasta el cuarto trimestre. El FMI, que proyecta un 3,8%, urge al gobierno a avanzar en la ley de asociaciones público-privadas y reformas a la CCSS.
La Asamblea Legislativa aprobó el 12 de mayo en segundo debate la adhesión de Costa Rica al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), incorporando al país al bloque que forman Singapur, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Chile. El acuerdo establece reglas para el comercio sin papel, protección de datos, ciberseguridad y fintech. Los servicios digitales representan alrededor del 23% de las exportaciones costarricenses, con empresas como Intel, Amazon Web Services y startups de tecnología financiera exportando desde el Valle Central. El DEPA facilita el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas y reduce barreras de certificación digital con los países miembros, lo que beneficia directamente a los exportadores de software y servicios tecnológicos. Costa Rica solicitó su ingreso en 2022 y completó las evaluaciones de estándares en 2025. La entrada en vigor requiere el depósito del instrumento de ratificación, que el gobierno Fernández tiene previsto completar antes de agosto.
Las autoridades costarricenses decomisaron casi cinco toneladas de sustancias ilícitas durante el fin de semana del 9 al 11 de mayo, en operativos coordinados entre el OIJ, la Policía de Control de Drogas y la Guardia de Asistencia Rural, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. El decomiso ocurre en un contexto donde los homicidios muestran una tendencia a la baja: el promedio bajó de 2,5 casos diarios en 2023 a 1,9 en los primeros meses de 2026, lo que proyecta un total anual de entre 693 y 766 víctimas según el OIJ. La reducción se atribuye a unidades especializadas en Limón, Puntarenas y el Área Metropolitana. Analistas del ILANUD advierten, sin embargo, que la caída en homicidios no equivale a un debilitamiento del crimen organizado: los cárteles transnacionales han profundizado su presencia en Costa Rica como nodo de tránsito hacia Europa y Norteamérica, y operan con mayor discreción para proteger las rutas de tráfico.
El OIJ proyecta entre 693 y 766 homicidios para el cierre del año, frente al promedio de 2,5 casos diarios de 2023.
La presidenta Laura Fernández firmó tres decretos ejecutivos en sus primeras horas de gobierno el 8 de mayo. El primero establece que el año penitenciario equivale a 360 días corridos, cerrando una laguna que permitía a reclusos acelerar el cómputo de sus condenas. El segundo reorganiza el Ejecutivo y define cómo se articulan los sectores de Ambiente, Educación y Seguridad. El tercero convoca sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa. La reforma al cómputo penal no requiere aprobación legislativa por tratarse de un reglamento de ejecución, pero abogados penalistas consultados por El Financiero CR señalaron que podría ser impugnada ante la Sala IV si se aplica retroactivamente a personas ya condenadas.
La reforma al Código Municipal cambia el proceso interno de los concejos y acerca a los ciudadanos al poder local.
Los 84 concejos municipales del país eligieron sus nuevas presidencias y vicepresidencias para el período 2026-2028 el 1 de mayo, inaugurando una novedad institucional: por primera vez en la historia, los votos se emitieron de forma pública, tras la reforma al artículo 29 del Código Municipal aprobada el año anterior. En Heredia, el concejal del PUSC Marlon Obando resultó elegido presidente municipal y Heydi Hernández del PLN como vicepresidenta. El nuevo alcalde, Víctor Sánchez, asumió en sustitución de Ángela Aguilar, quien dejó el puesto para ocupar una curul en la Asamblea Legislativa.