Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa comienzan el lunes con la jornada 4x3 como principal pendiente y con diputados que evalúan revertir la vía rápida, mientras en Chile el sindicato de la Caja de Compensación Los Andes denuncia 500 despidos que la corporación reduce a 270, Gallup reporta que el compromiso laboral cayó a 20% en 2025 y las empresas estadounidenses endurecen sus mandatos de regreso a la oficina.
Las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa terminaron el viernes 31 de julio sin que los diputados votaran el expediente 24.290 de jornadas 4x3, según reportó El Observador CR. A partir del próximo lunes 3 de agosto arrancan las sesiones ordinarias, el período en el que la agenda del plenario deja de estar bajo control del Poder Ejecutivo y pasa a manos del propio Congreso; el mismo medio había reportado que el oficialismo estimaba unas nueve semanas para votar las mociones pendientes del expediente. Doce grupos empresariales enviaron esta semana una carta a los diputados reiterando la urgencia de aprobar el proyecto, según El Observador CR, la misma presión que Uccaep y Azofras vienen ejerciendo desde julio y que esta sección ha documentado en ediciones anteriores. El expediente acumula casi dos décadas de debate legislativo, y el sector exportador vincula la urgencia de una decisión a la desaceleración de la inversión en zonas francas y al menor crecimiento económico del país. La Teja describió el proceso legislativo en curso como algo pocas veces visto en la Asamblea. Ni el Gobierno ni la Asamblea han confirmado si declararán vía rápida al expediente bajo el nuevo calendario de sesiones ordinarias, y persiste la incertidumbre sobre cuántas de las más de 4.000 mociones pendientes se resolverán antes de que el tema pierda impulso legislativo. Esta sección seguirá si la ministra de Trabajo, Mercedes Flores Badilla, fija una posición pública una vez arranque el nuevo período.
Diputados de distintas bancadas evalúan presentar una moción para revertir la vía rápida —la dispensa de trámite que reserva el plenario a un solo asunto— que el oficialismo del Gobierno de la presidenta Laura Fernández ha evaluado declarar para el expediente 24.290 de jornadas 4x3, según El Observador CR. La maniobra buscaría abrir espacio a una negociación de consenso sobre el texto, en lugar de forzar una votación bajo el mecanismo acelerado. El intento de frenar la vía rápida se suma a la fragmentación que esta sección ha documentado toda la semana: Uccaep calificó de inviable la versión modificada en comisión, mientras Crecex pide un texto voluntario y limitado a actividades específicas. El hecho de que ahora también existan diputados dentro de la propia Asamblea dispuestos a bloquear el trámite acelerado muestra que el desacuerdo no es solo entre Gobierno y oposición, sino también dentro de las filas que impulsan el proyecto. Ninguna bancada ha confirmado públicamente si presentará la moción ni cuántos votos reuniría, y la Asamblea no ha fijado fecha para retomar la discusión de las mociones pendientes del expediente 24.290 una vez arranquen las sesiones ordinarias el lunes.
La corporación de bienestar social chilena admite recortes, pero reduce la cifra a 270 personas y asegura que sigue contratando, según The Clinic.
El sindicato de la Caja de Compensación Los Andes, una de las principales cajas de compensación de asignación familiar de Chile, denunció que la corporación desvinculó a 500 trabajadores en los últimos dos meses dentro de un proceso de reestructuración, según reportó The Clinic el viernes 31 de julio. La propia corporación admite los recortes, pero los cifra en 270 personas y sostiene que mantiene contrataciones activas en paralelo, de acuerdo con la misma cobertura. La brecha de 230 personas entre lo que denuncia el sindicato y lo que reconoce la empresa no es un matiz menor: Caja Los Andes enmarca el ajuste como una estrategia para "potenciar la forma en que se opera, optimizar el uso de recursos, adoptar nuevas tecnologías y fortalecer el impacto en el bienestar de nuestros afiliados", según su propia comunicación citada por The Clinic, mientras el sindicato insiste en llamarlo despido masivo y cuestiona que se aplique sin negociación previa. La disputa reproduce, con otra institución, el mismo patrón que esta sección documentó esta semana con el sindicato de BancoEstado: empresas que etiquetan los recortes como reestructuración mientras los trabajadores exigen que se reconozcan como despidos con las indemnizaciones correspondientes. Caja Los Andes no ha publicado una conciliación pública de ambas cifras, y la información proviene únicamente de The Clinic, sin confirmación cruzada de otro medio chileno al cierre de esta edición. En Costa Rica, el Código de Trabajo no reconoce una categoría de "reestructuración" distinta al despido para efectos de indemnización: salvo causa justificada, corresponde el pago de auxilio de cesantía y preaviso sin importar la etiqueta que use el empleador.
El compromiso laboral promedio a escala global cayó a 20% en 2025, su nivel más bajo desde 2020, según el informe State of the Global Workplace que publica Gallup. Es la primera vez que la medición cae dos años consecutivos desde que Gallup la mantiene, y la firma estima el costo en productividad perdida en USD 10 billones a escala mundial. El hallazgo central del informe no apunta a la fuerza laboral general sino a los mandos medios: el compromiso de los gerentes se desplomó de 31% en 2022 a 22% en 2025, y Gallup identifica esa desconexión gerencial como el principal motor de la caída general desde el pico de 2023. El bienestar global mejoró apenas a 34%, pero líderes y gerentes reportan más estrés, enojo, tristeza y soledad diaria que el personal sin gente a cargo, según la misma medición, de acuerdo con el resumen que recoge UNLEASH. El informe también matiza el relato dominante de 2026 sobre la inteligencia artificial en el trabajo: Gallup sostiene que la IA no genera impacto organizacional sin una adopción humana más fuerte, y que los gerentes —no la integración técnica— son el mejor predictor de que esa adopción funcione. Gallup no ha publicado un desglose de la medición para Costa Rica ni Centroamérica dentro de este informe, y el país no cuenta con una encuesta pública equivalente de compromiso laboral a escala nacional; sin impacto local medido al cierre de esta edición.
El gobernador de California, Gavin Newsom, mantiene en vigor desde el 1 de julio un mandato de regreso presencial para el funcionariado estatal, uno de los más estrictos entre los gobiernos estatales de Estados Unidos, según reportó CalMatters. La medida coincide con una tendencia más amplia en el sector privado: 55% de las empresas del ranking Fortune 100 ya exige asistencia presencial de cinco días a la semana, frente a apenas 5% en 2021, de acuerdo con datos de la consultora inmobiliaria JLL recogidos por Skedda. El patrón de 2026 no es un regreso universal a la semana completa, sino una definición más estricta de los esquemas híbridos, con menos tolerancia a la ambigüedad: métodos como el registro de asistencia con gafete, paneles de seguimiento y consecuencias en la evaluación de desempeño se han vuelto comunes para hacer cumplir los mandatos. No todos coinciden en que la estrategia funcione: el consultor Vibhas Ratanjee escribió en Forbes que los mandatos de regreso a la oficina no resuelven los problemas reales de las organizaciones, y que endurecer la presencialidad sin atender la calidad del liderazgo o la claridad de objetivos solo traslada el problema de lugar. Ninguna cifra global consolida cuántos mandatos de regreso a la oficina se anunciaron en las últimas 24 horas, y el propio JLL advierte que junio de 2026 fue un mes tranquilo en esa tendencia, sin una nueva ola de anuncios masivos. A diferencia de California, la Ley de Teletrabajo de Costa Rica (Ley 9738) mantiene la modalidad como un acuerdo voluntario entre trabajador y patrono, sin que el Gobierno haya planteado un mandato de regreso presencial para el sector público costarricense.
— El mandato de Gavin Newsom para el funcionariado de California entró en vigor el 1 de julio, mientras JLL reporta que 55% de las Fortune 100 ya exige asistencia de cinco días.
La edición de hoy confirma que la Asamblea Legislativa entra a agosto sin resolver la jornada 4x3: las sesiones extraordinarias terminaron el viernes sin votación, doce grupos empresariales renovaron la presión sobre los diputados, y un grupo de legisladores evalúa revertir la vía rápida que el oficialismo había considerado para las sesiones ordinarias que arrancan el lunes 3 de agosto. En el plano internacional, el sindicato de la Caja de Compensación Los Andes en Chile denunció 500 despidos que la corporación reduce a 270, en una disputa que reproduce la tensión entre reestructuración y despido que esta sección viene documentando en Latinoamérica. Gallup reportó que el compromiso laboral global cayó a 20% en 2025 —su nivel más bajo desde 2020— por la desconexión de los mandos medios, mientras en Estados Unidos las empresas endurecen sus mandatos de regreso a la oficina pese a las críticas de analistas como Vibhas Ratanjee, quien sostiene en Forbes que esa estrategia no resuelve los problemas reales de liderazgo. Esta sección seguirá tres pendientes concretos: si la ministra de Trabajo, Mercedes Flores Badilla, fija una posición pública sobre el expediente 24.290, si la Asamblea declara vía rápida cuando arranquen las sesiones ordinarias, y si Caja Los Andes concilia públicamente su cifra de despidos con la que denuncia el sindicato.